Ijolihl

La elección de mecanismos apropiados para la exigencia de responsabilidad penal a los miembros del Gobierno, inexcusable en un Estado de Derecho, debe ponderar dos exigencias dispares: de una parte ha de reunir garantías específicas suficientes para que los responsables del Ejecutivo no se vean constantemente perturbados en el ejercicio de sus funciones por cualquier ciudadano que decidaacusarles en razón de esas mismas funciones; de otra parte, el sistema no puede ser excesivamente generoso, ya que los miembros del Gobierno, dada su capacidad de información y decisión, se encuentran en una posición idónea para servirse del aparato estatal y ocultar las responsabilidades de todo orden en que pudieran incurrir. La Constitución española ha afrontado esta cuestión en su artículo 102, queestablece tres normas diferentes (1) para la exigencia de responsabilidad penal a los miembros del Gobierno (2).

— el sistema judicial puro, en el que los órganos jurisdiccionales ordinarios asumen el enjuiciamiento de estas conductas.
— el sistema judicial especial, que se caracteriza por atribuir a un Tribunal especial, no perteneciente a la jurisdicción ordinaria, la competencia para hacerefectiva la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, bien se trate del Tribunal de Garantías Constitucionales, bien de otro Tribunal integrado por elementos políticos y judiciales (Constitución de 1931).

Por ello la intervención del Tribunal Supremo en este tipo de procesos no debe verse como un privilegio concedido al Gobierno, sino como una solución de carácter funcional (10), yaque la competencia se atribuye a la más alta instancia del poder judicial, lo que resulta adecuado a la trascendencia del asunto en cuestión y reduce el riesgo de que existan interferencias o presiones sobre el órgano juzgador.

Ni la Constitución ni los Reglamentos parlamentarios determinan cómo debe procederse cuando un miembro del Ejecutivo que ostenta la condición de parlamentario es acusadode la comisión de un delito. La cuestión principal estriba en determinar si resultan aplicables en todo caso las prerrogativas parlamentarias, y en particular, la de inmunidad (13). Esta ha sido definida por el Tribunal Constitucional como una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedandesembocar en privación de libertad, evitando que por manipulaciones políticas se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento (14). Con este objetivo, el artículo 71.2 de la Constitución establece la necesaria autorización del órgano parlamentario (es decir, la concesión del denominado «suplicatorio»)para poder detener, salvo en caso de flagrante delito, procesar o inculpar a uno de sus miembros. Se trata de ofrecer al Parlamento un medio para impedir todo tipo de persecución política de sus integrantes que se lleve a cabo instrumentalizando los resortes gubernativos y judiciales encargados de la aplicación de la Ley penal.

CONSTITUCION

Artículo 71.
1. Los Diputados y Senadores gozaránde inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala delo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 102.
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado...