Inconstitucionalidad del blanqueo en argentina

En primer lugar debo manifestar que tal como los señores jueces indican en la resolución que se nos notifica el plazo establecido para el acogimiento caduca recién en el mes de agosto del corriente año, no pudiéndose a la fecha determinar cual resultará el estadio procesal del presente expediente a esa fecha.

Ahora bien las condiciones establecidas en la ley 26476 respecto del acogimiento encuanto al contenido del texto del artículo 2º de la misma no implican en modo alguno que ese “allanamiento” implique el desconocer la actividad judicial desarrollada, por el contrario, al hacer referencia a que el acogimiento resulta posible de no existir sentencia está reconociendo esa actividad, lo contrario implicaría un violentamiento constitucional determinante, y por ende los resultados enque el trascurso de la misma se arribaran.

En la presente causa se han desarrollado estudios técnicos especializados a efectos de determinar la materia imponible sobre base cierta, llegándose en el estudio de fs. a establecer con esa premisa, dichos montos, siendo ese estudio el que pudo efectuar dicha determinación, no encontrándose el mismo cuestionado ni impugnado por ninguna de laspartes.

En conclusión con ese alcance y con los montos allí arribados resultaría posible hacer uso de la opción a las que VV.EE. hacen referencia en la resolución del 13 de marzo ppdo.

Es necesario señalar que lo expuesto en los párrafos precedentes se ve confirmado por posteriores presentaciones que efectuara la AFIP-DGI, que ha expuesto que conforme sus registros los montos adeudadosresultarían aún menores, pero dichos informen adolecen del debido control jurisdiccional y por ende de la base cierta que debe imperar en este proceso.

Sin perjuicio de ello y a efectos de evitar innecesarias demoras, dejo desde ya en caso contario planteada la inconstitucionalidad de la norma específica contenida en la ley 26476 por cuanto en la misma se ha invadido la esfera judicial en claracontravención al art. 109 de la Constitución Nacional.

“…En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas...”

Es por ello que en mérito a los dispuesto por los arts. 43 y 116 de la Constitución Nacional pido se declare la inconstitucionalidad de los artículos 2º y 3º de la Ley 26476(B.O. 24/12/2008) y de la RG 2537 AFIP-DGI (B.O. 02/03/2009) en cuanto lesionan de forma manifiestamente ilegal y arbitraria los arts. 17, 18, 28, 31, 75 inc. 22 (Tratados Internacionales), 109 y 116 de la Constitución Nacional.

Ello resulta así por cuanto:
Viola el sistema republicano de gobierno consagrado en el Art. 1º de la Constitución, en cuanto importa un intromisión inadmisible por partede los Poderes Legislativo y Ejecutivo en su condición de Poder Constituido en funciones que han sido delegadas por el Poder Constituyente en otro Poder Constituido o Derivado, cual es el Poder Judicial de la Nación, al cual corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación (Art. 116 C.N.). Dicha intromisiónes ilegal y arbitraria ya que se arrogan funciones que no le son propias y usurpan facultades inherentes al Poder Originario o Constituyente quien legisla las atribuciones de los Poderes Constituidos o Derivados, violándose el principio de la "división de poderes", pilar del sistema republicano de gobierno.
Asimismo viola las normas del debido proceso y la defensa en juicio, garantizados por elArt. 18 C.N. al no permitir ejercer sus derechos procesales, que no se agotan con el acceso a la justicia sino que suponen la facultad de no ser restringidos en el trámite del proceso judicial que lleva a la consagración de su derecho.
Conculca el principio de razonabilidad. Por este principio constitucional contenido en el Art. 28 C.N. se requiere que los actos de los poderes del Estado tengan...