Indigenas
El informe no pretende ser exhaustivo, sino presentar un panorama de los hechos y eventos más resaltantes en materia indígena ocurridos durante el 2011.
Venezuela es un país multicultural, que reconoce la existencia de mas de 40 pueblosindígenas. De los 27 millones de habitantes, el 2,8% se identifica como indígena. La Constitución de 1999 reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, incluye un capítulo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT y en 2005 la Ley Orgánicade Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolló este marco de derechos.
La falta de avances en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la materialización de los derechos territoriales, ha venido generando un clima de descontento entre los pueblos indígenas y sus organizaciones. Por su parte, el Gobierno Nacional ha desarrollado una política de corte asistencialy paternalista, representada por la gestión del Ministerio para los Pueblos Indígenas. Creado como órgano rector de la política pública en el ámbito indígena, se ha convertido en un aparato vertical y jerárquico que impone una organización artificial y ajena.
La política que se viene impulsando obvia la propia visión y capacidad de las comunidades para la solución de sus problemas, combatiendo alas organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales, imponiendo decisiones inconsultas, mermando liderazgos locales y causando divisiones y conflictos. Como consecuencia, el movimiento indígena nacional se encuentra nuevamente movilizado y en proceso de unificación en torno a una agenda común, donde la demarcación de los territorios indígenas con la participación efectiva de lascomunidades ocupa el lugar central.
Durante el 2011 resaltaron: movilizaciones y manifestaciones exigiendo principalmente la demarcación de tierras; la instalación de la Comisión Nacional de Demarcación, sin la participación de las organizaciones indígenas; la entrega de títulos de propiedad de tierras que preservan derechos de terceros; conflictos vinculados a la minería en los estados Bolívar yAmazonas; y muertes de niños warao por desnutrición.
Excarcelación de los líderes yukpa
El 4 de enero de 2011, la audiencia del juicio en el Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo daba continuidad al proceso penal a Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero por los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2009 en la cuenca del río Yaza (Sierra de Perijá, estado Zulia), donde seenfrentaron dos grupos de indígenas yukpa de las comunidades de Chaktapa y Guamo Pamocha, resultando dos muertos y cinco heridos.
Representantes de la Sociedad Homo et Natura denunciaron que el juicio fue un montaje del gobierno, secundado por los ganaderos locales, para condenar y doblegar a los líderes yukpa empeñados en la defensa de su territorio ancestral. Asimismo, los abogados defensores plantearonque el caso debía ser resuelto por la justicia yukpa, como lo establece el artículo 260 de la Constitución, sobre el derecho de los pueblos indígenas a administrar sus propios sistemas de justicia.ii
Los yukpa, recluidos desde julio del 2010 en el Internado Judicial de Trujillo, fueron objeto de adoctrinamiento religioso compulsivo, agresiones físicas y psicológicas, y amenazas de muerte. El 22de febrero los abogados defensores solicitaron el traslado de los acusados a la ciudad de Maracaibo, por ser más accesible a los familiares. La petición se sustentaba en el derecho que establece que en los procesos penales en los que se encuentren involucrados indígenas, se procurarán penas distintas al encarcelamiento, y la disposición de “espacios especiales” de reclusión.iii La solicitud fue...
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