INTERVENCION ENTIDADES FINANCIERAS

INTERVENCION ENTIDADES FINANCIERAS

Es clara la necesidad absoluta que había de someter las Entidades financieras a un régimen especial de supervisión administrativa, en general mucho más intenso que el que soporta la mayoría de
los restantes sectores económicos. Esas entidades captan recursos financieros entre un público muy amplio, carente en la mayor parte de los casos de los datos y losconocimientos necesarios para proceder a una evaluación propia de la solvencia de aquéllas. La regulación y supervisión públicas aspiran a paliar los efectos de esa carencia, y facilitan la confianza en las entidades, una condición imprescindible para su desarrollo y buen funcionamiento, esencial no sólo para los depositantes de fondos, sino para el conjunto de la economía, dada la posición centralque reúnen esas entidades en los mecanismos de pago.
Esos problemas se suelen afrontar en todas las partes articulando unos dispositivos especiales de supervisión de las instituciones. Dichos mecanismos se componen básicamente de un conjunto de normas tendentes a facilitar a la autoridad supervisora una completa información sobre la situación y evolución de las entidades financieras, y de otroconjunto de normas tendentes a limitar o prohibir aquellas prácticas u operaciones que incrementen los riesgos de insolvencia o falta de liquidez, y a reforzar los recursos propios con que pueden, en su caso, atenderse esos riesgos, evitando perjuicios para los depositantes.
Obviamente, la eficacia de las normas depende de la existencia de unas facultades suficientes en manos de las autoridadessupervisoras de las entidades financieras, cuyo desarrollo, a través de un régimen adecuado de sanciones administrativas, debe cerrar el sistema regulador.
Antes de la entrada en vigor de la ley 26/88 había muchas normas que establecían preceptos para los diferentes tipos de entidades financieras pero con una serie de lagunas : atribución de potestades sancionadoras a la Administración,tipificación precisa de las infracciones y sanciones); y las que surgen de la enorme dispersión y variedad de las disposiciones en que se recoge la normativa, con las faltas de coordinación correspondiente.

Como principios y soluciones a destacar de la nueva ley 26/88:

I. Se establece una normativa sancionadora común para el conjunto de las
entidades de crédito, denominación más acorde con nuestratradición jurídica que la de «establecimiento de crédito», a la que sustituye, y que se extiende además a otros tipos de instituciones financieras que desarrollan esencialmente la actividad que define a una entidad de crédito.

II. Se determinan con claridad los sujetos pasivos de la potestad sancionadora, implicando a la entidad infractora y, a quienes ejerzan en aquélla cargos de administración,dirección o control.


III. Se tipifican las infracciones, tratando de obtener un equilibrio entre las conductas sancionables, atendiendo a su gravedad, y la definición de aquellas.

IV. Se establece una gama de sanciones acomodada a la gravedad de las
infracciones, permitiendo, la aplicación del principio de proporcionalidad.

V. Por último, y en cuanto a la cuestión de las competenciassancionadoras, la
aplicación de la Ley corresponde al Estado, sin perjuicio del ejercicio de las potestades que en la materia corresponden a las Comunidades Autónomas y al tiempo que se reserva a la competencia estatal la sanción de las infracciones que afecten a normas de carácter monetario o de solvencia.

Se aprovecha esta Ley para regular otros aspectos importantes que guardan relación conel derecho sancionador y cuya normativa era incompleta o defectuosa: las facultades de la Administración para tutelar que las denominaciones y actividades reservadas a las entidades de crédito no se ejerzan por personas, físicas o jurídicas, no habilitadas para ello; y las medidas de intervención y sustitución de sus órganos de administración que, en circunstancias excepcionales, pueden ser...