investigacion


JONH JARDIER MURILLO SANCHEZ COD. 6000921442


JORNADA NOCTURNA

INVESTIGACION
ENSAYO




DR CLAUDI RAMIREZ ANGARITA





UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
2011
Durante nuestra investigación, hemos podido concluir que la Ley 1448 del 2011, no ha sido garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en torno a su reparaciónintegral, y la restitución de sus tierras toda vez que, para que la población afectada regrese a su lugar de habitación, es absolutamente necesario un cese de violencia, una paz nacional y, bajo las circunstancias de derramamiento de sangre que estamos viviendo, no es como tal posible, ya que jamás se podrá hablar de reparación y mucho menos de devolución de sus terrenos, mientras sigamos viviendo enconflicto.
Si tratamos de analizar los alcances de la Ley de victimas y restitución de tierras, vemos como se han presentado tan grandes falencias durante su aplicación, que impiden así, lograr hablar de reparación. Si vemos por ejemplo, que Colombia es el segundo país en el mundo, después de Sudán, que sufre la crisis de desplazamiento forzado, donde los principales responsables son los gruposarmados ilegales, quienes tienen, entre otros propósitos, la usurpación de las tierras de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, ya que entre otras cosas, son tierras que cuentan con una ubicación estratégica y además son ricas en recursos naturales.
Los desplazamientos forzados que conducen al despojo de las tierras están precedidos de amenazas de muerte, órdenes de desalojo,asesinatos colectivos, masacres y desapariciones forzadas. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el 76% de las personas desplazadas dedicaban la tierra a actividades de autosostenimiento familiar y tenían al momento de su desplazamiento derechos vinculados a la tierra, ya sea como propietarios, tenedores, ocupantes o poseedores.1
Desde la entrada en vigencia de la Ley 795 del 2005 y luegodel inicio de las negociaciones con el Gobierno Nacional, los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados continuaron violando los derechos humanos, causando desplazamiento forzado y usurpando las tierras de las comunidades desplazadas. Solo para dar un ejemplo, en mayo de 2006, el Asesor de Paz de Antioquia declaró que había recibido denuncias de finqueros y ganaderos sobre presión porterrenos por parte de miembros del grupo paramilitar Bloque Elmer Cárdenas. Este grupo participó en tres ceremonias de dejación de armas los días 12 y 30 de abril de 2006 y el 15 de agosto del mismo año. En Cundinamarca, en noviembre de 2005, la Superintendencia de Notariado y Registro impuso una vigilancia al Municipio de Guaduas, por denuncias sobre presiones de paramilitares para vender tierras.2La Ley 975 de 2005 en su artículo 13, contemplaba la solicitud y decisión de imponer medidas cautelares solamente sobre bienes de los paramilitares de procedencia ilícita para la reparación de los daños causados a las víctimas.3 Posteriormente, la Corte Constitucional reconoció a las víctimas el derecho a la reparación no sólo con los bienes ilícitos, sino también con los bienes lícitos que losgrupos paramilitares deben entregar, con la finalidad de subsanar con ellos, o con su producto, las acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición que propendan para su reparación.4
Pero, el Decreto 3391 de 20065 en su artículo 4 ordena a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al INCODER laadopción de las medidas necesarias para disponer de la información sobre los bienes inmuebles rurales y urbanos, que han sido objeto de despojo realizado por los paramilitares. Dicho Decreto, contradiciendo el fallo de la Corte Constitucional, señala que los postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 deben informar en las versiones libres solamente los bienes de origen ilícito. Esto solo quiere...