INVESTIGACION

INTRODUCCIÓN
El principio de proporcionalidad, como atributo del Estado Social y Democrático de derecho, así explícitamente reconocido por el último párrafo del artículo 200º de la Constitución, y configurado, además, en los numerales 3º y 43º de la Norma Fundamental, ha sido invocado en más de una ocasión por el Tribunal Constitucional, sea para establecer la legitimidad de los fines deactuación del legislador en relación con los objetivos propuestos por una determinada norma cuya constitucionalidad se impugna [Nota 1], sea para establecer la necesidad e idoneidad de medidas implementadas por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de Urgencia [Nota 2], sea con ocasión de la restricción de derechos fundamentales en el marco del proceso penal [Nota 3], y también para efectos decontrolar la potestad sancionadora de la administración [Nota 4].
En ese sentido, es propósito del presente artículo revisar, de manera sucinta, por razones de espacio, los ámbitos en los que el Supremo Intérprete de la Constitución ha hecho uso del principio de proporcionalidad –con el carácter de auténtico principio general del Derecho– a través de aquellos pronunciamientos mediante los que hacontrolado el ejercicio de las potestades sancionadoras de la administración –en particular, el control de la potestad disciplinaria– para la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales.
Así, abordaremos brevemente la delimitación del concepto proporcionalidad en la doctrina nacional y extranjera, los fundamentos que ofrece la Constitución vigente para calificar al principio comoun auténtico principio general del Derecho, la doctrina del Tribunal Constitucional, y algunas conclusiones sobre el particular.
II. Algunos apuntes sobre el concepto proporcionalidad en la doctrina nacional y extranjera
En los últimos años, el principio de proporcionalidad, en tanto principio general del Derecho, se ha constituido en un valioso instrumento de control de la discrecionalidad, elcual ha venido siendo utilizado en la jurisprudencia constitucional –como veremos en los apartados siguientes– habiéndose extendido al examen de las intervenciones de la Administración sobre los derechos fundamentales.
El concepto proporcionalidad supone pues, valga la redundancia, proporción entre los medios utilizados y la finalidad perseguida. En lo que al control de la potestad disciplinariase refiere, implica una necesaria correlación entre la infracción cometida y la sanción a aplicar, debiendo el juez constitucional tener presente las particulares circunstancias de cada caso. Es decir, el ejercicio de tal potestad debe ponderar las circunstancias del caso, a fin de alcanzar una necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos atribuidos como falta y la responsabilidad exigida(sanción aplicable).

Y si bien es cierto, es evidente que la Administración cuenta con un inevitable margen de discreción, para efectos de discernir respecto de la gravedad de la falta, y en función de ello, la graduación de la correlativa sanción, “puede decirse, de este modo, que es unánime, en la actualidad, la jurisprudencia que, superando la corriente jurisprudencial que negaba a lostribunales capacidad para entrar a conocer de la graduación de la sanción impuesta (...) viene afirmando, basándose en dicho principio de proporcionalidad, la capacidad de los Tribunales para graduar y evaluar el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, basándose en la consideración de que dicha actividad no es una actividad meramente discrecional (...) sino, por elcontrario, una actividad (...) de aplicación de las normas y, por ello, susceptible de un control total del supuesto de hecho que, en cada caso particular, es objeto de un enjuiciamiento” [Nota 5].
A decir de Alejandro Nieto, “(...) el principio opera en dos planos: en el normativo, de tal manera que las disposiciones generales han de cuidarse de que las sanciones que asignen a las infracciones sean...