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Segundo.- El derecho de todo justiciable de poder acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sujeta en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia olegitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un petitorio o a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano encargado de la administración de Justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado1.
Tercero.- Se define el derecho a la prueba o derecho aprobar, como aquel elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo, en virtud del cual todo sujeto de derecho que participa, o participará, como parte o tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tiene el derecho a producir la prueba necesaria para formar la convicción del juzgador acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que son o serán objeto concreto de prueba (sea quese trate del objeto de prueba principal o de algún objeto de prueba incidental o secundario). Su finalidad inmediata es producir en la mente del juzgador la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba (sin perjuicio de los diferentes grados cognoscitivos que se exijan para cada tipo de decisión), mientras que su finalidad mediata – y no por ellomenos importante – es asegurar y lograr la obtención de la verdad jurídica objetiva en cada caso concreto2.
Cuarto.- El Principio de la necesidad de probar los hechos alegados por las partes preconiza la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe apoyarse la decisión jurisdiccional tiene que estar demostrados con medios probatorios aportados al proceso por cualquiera de las partes o por elpropio Juez en los casos y dentro de las condiciones que señala la ley. Para alcanzar la Tutela Jurisdiccional Efectiva solicitada no es suficiente alegar hechos, sino que hay que probarlos. Es que se impone la necesidad de acreditarlos. Como las partes son las que conocen los hechos sobre los que se sustentan sus pretensiones, por lógica para alcanzar la tutela solicitada, tiene quedemostrarlos. El ordenamiento Procesal no obliga a las partes acreditarlos, pues, sino lo hacen, simplemente se atendrán a las consecuencias que la propia ley señala, esto es, a no ser atendidos en su pedido3.
Quinto.- Sobre la carga de la prueba el artículo 196º del Código Procesal Civil establece que “salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuren supretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos” norma procesal que normativiza que a fin de poder tener amparo en la pretensión o contradicción debe acreditarse las afirmaciones, por cuanto la sola afirmación resulta insuficiente sin medios probatorios que la sustenten, y como consecuencia de no haber acreditado los hechos alegados en la demanda es que la misma resulta infundadaconforme lo dispone el artículo 200º del mismo cuerpo de leyes.
Sexto.- Mediante el presente proceso la demandante Leonarda Crisanto Céspedes, solicita como pretensión principal la Nulidad de Testamento de fecha quince de setiembre del dos mil uno, por haberse incurrido en causal establecida en el numeral 2) del artículo 221° del Código Civil –vicio resultante de error-; y, en forma acumulativaobjetiva originaria accesoria la Revocatoria de la Inscripción del Testamento que corre en la Partida Electrónica N° 11003998 de la Oficina Registral de Huánuco, Partida Electrónica N° 11133489 de la Oficina Registral de Trujillo, Partida Electrónica N° 12435668 Oficina Registral de Lima, Revocatoria de las Inscripciones de Traslado de Dominio a favor de los demandados, anotados en el Asiento C00002...