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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 9 DE FEBRERO DE 1939 de Responsabilidades Políticas
Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a
la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado: él momento de dictar una Ley
de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienescontribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de
dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional,
que traduzca en efectividades; prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por
último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro paísy nuestra civilización y
aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme
voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio
todos su esfuerzos y todos sus sacrificios.
Los propósitos de esta Ley y su desarrollo le dan un carácter que supera los conceptos estrictos de una
disposiciónpenal encajada dentro de moldes que ya han caducado. La magnitud, intencional y las
consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y la
reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues .éstas repugnarían al hondo sentido de
nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y,
por ello,esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y,
por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria
con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares.
Las sanciones económicas se regulan con una humana moderación, de la que son ejemplo los preceptos
encaminados a nocoartar las actividades de quienes basan su subsistencia en negocios modestos. Y estas
sanciones, en aquellos casos en que se deba prevenir el peligro dimanante de posibles actuaciones futuras
de los inculpados, podrán ir acompañadas de otras, que, en rigor, tienen el carácter de medidas de
seguridad y que consistirán en la inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos y en elalejamiento de los lugares en que se residía anteriormente, llegándose, en ciertos casos de gravedad suma,
a declarar la pérdida de nacionalidad de los que no merecen el honor de seguir siendo españoles.
Los actos y omisiones que dan lugar a la exigencia de responsabilidades políticas se animaran con la
amplitud necesaria para que resulten comprendidas todas las actuaciones que, a juicio; del Gobierno,son
merecedoras de castigo. Esta extensión obligada de la materia penal compensa con la amplísima latitud
que se concede para fijar la medida de las sanciones y que permitirá que éstas puedan resultar
intrínsecamente justas y perfectamente adecuadas a los distintos grados de responsabilidad. El arbitrio
judicial será tan grande como lo exige la complejidad de los actos y omisiones que han dejuzgarse.
Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército,
de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que darán a su actuación
conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional. Y para conseguir que funcionen con perfecta
armonía todos los Tribunales y organismos a quienes se .encomienda la aplicaciónde la Ley, se crean un
Tribunal Superior y un órgano administrativo, anejo al mismo, que, bajo una sola dirección, y de acuerdo
con el Gobierno, imprimirán al conjunto la unidad necesaria para conseguir todos los resultados que en el
orden jurídico y en el económico se pretenden.
Los procedimientos para la imposición de las sanciones, para su ejecución práctica y para la resolución de
las...