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Actualmente en Uruguay, de cara a la propuesta de reforma constitucional de bajar la edad de imputabilidad penal (la cual se plebiscitará en las próximas elecciones nacionales) se ha instalado eldebate en torno a la criminalización, particularmente apuntado hacia los adolescentes.
Esta propuesta responde a una lógica punitiva de control social impulsada por un imperativo transnacional,construido históricamente en el marco de una sociedad occidental moderna (con el surgimiento del estado-nación) que permitió el desarrollo de un sistema económicamente capitalista basado en la acumulación dela riqueza por parte de las clases dominantes (dueños de los medios de producción), y en la imposición de políticas represivas y de control por parte del estado, para la continua reproducción delpropio sistema. Estas políticas de control han apuntado a separar lo ajustado a la norma y excluir lo desviado de la misma, logrando así “invisibilizar” aquellas fallas que genera el propio sistema.Fallas que por cierto, generan violencia desde la inseguridad: inseguridad laboral, inseguridad de vivienda, inseguridad en la salud, etc.
Dichos tipos de propuestas reflejan lo que mundialmente seimpone en varios estados, como es el ejemplo de Chile, Argentina, España, y otros países que actualmente están debatiendo sobre estos temas. En los casos de aquellos países donde estas propuestas hansido aprobadas, algunos consideran que no son efectivas y pretenden revertir estas políticas; en otros sin embargo, las políticas de castigo se encaminan hacia una constante profundización eintensificación donde consideran el castigo como una solución viable a sus problemas (la seguridad en muchos casos).
En el caso de Uruguay, esta propuesta pretende ser (falazmente) la solución a la seguridad deun país en el cual sus problemas de seguridad no lo constituyen los adolescentes, quienes representan el 6% de los delitos cometidos (según la Suprema Corte de Justicia).
Un análisis sobre la...