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En especial la actora no tuvo participación en la instancia administrativa inicial ya que no se le corrió vista para que presentara el correspondiente descargo,  para que ofreciera pruebas y además para alegar, no dándosele así la ocasión de ejercer su defensa solo tiene acceso al expediente cuando se le notifica la sanción.
Nunca se cumplimento con el art 147 de la ley6722, el cual no es una norma aislada sino que se encuentra en vinculado con el art 1LEY 19.549 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Procedimiento administrativo: Artículo 1°.- Requisitos generales: inciso f Debido proceso adjetivo.
f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
Derecho a ser oído.
1) De exponerlas razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del Derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos enque se planteen o debatan cuestiones jurídicas.
Derecho a ofrecer y producir pruebas.
2) De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que la administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo la administración requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para elesclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva; todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio;
Derecho a una decisión fundada.
3) Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución delcaso".
La Suprema Corte Provincial de la provincia tiene como criterio en cuanto control jurisdiccional sobre la facultad sancionadora de la Administración, precedente que, receptando la doctrina de la C.S.J.N., tiene establecida desde larga data una precisa doctrina respecto a los límites del control jurisdiccional sobre la facultad sancionadora del Poder Administrador (LS 292-1; 296-134;296-162; 298-209; 304-66; 342-66; 347-178, entre otros) señalándose distintos principios que me permito sintetizar:
Los jueces, en principio, no pueden, sin correr el riesgo de interferir inconstitucionalmente, controlar cualquier sanción disciplinaria impuesta a los agentes estatales y la magnitud de las sanciones disciplinarias está, en principio, reservada al razonable criterio de laautoridad administrativa, salvo ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta, por lo que cabe apartarse de las sanciones impuestas por un Tribunal Administrativo si del examen de los hechos concretos surge que las mismas no guardan proporción con la falta imputada.
El derecho de defensa: Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observación en todotipo de actuaciones inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria (Fallos 308:191; 316:2043; 324:3593) y las mismas demandan la posibilidad de que el requerido haya tenido conocimiento de la acusación en su contra, de ser oído y de que se le dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa. Y este Tribunal ha dicho que “El principio contenido en el art. 150 delC.P.C., en punto a cómo y cuando se afecta el derecho de defensa, por su generalidad se aplica al derecho disciplinario...” y, aclarando el concepto, se expresó que  “para que la defensa se lesione se debe impedir el derecho de ser oído, de ofrecer pruebas pertinentes y el de interponer los recursos procedentes” (LS 294-35).
Por señalar algunos de los numerosos fallos se podría hacer referencia...