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III.     DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA DE LA COMISION SOBRE DERECHOS INDIGENAS (1970-1999) 1.          Derecho a la vida, la libertad y la integridad personal           Centenares han sido los casos en que debió intervenir la Comisión por alegadas violaciones a los derechos de personas indígenas, agredidas o muertas por agentes del Estado en el contexto de la represión de movimientos disidentes enlas décadas de los ochenta y principios de los noventa.  Algunos de estos casos eran considerados “masacres”, ya que las muertes eran indiscriminadas, en algunos casos represalias masivas por acciones de grupos disidentes.  La Comisión emitió numerosas resoluciones y recomendaciones, así como pedidos de medidas precautorias frente a amenazas o peligros inminentes para la vida de personas indígenascon respecto a violaciones sistemáticas contra personas y comunidades indígenas especialmente en casos de  Guatemala y Perú, recomendando a los Gobiernos respectivos su esclarecimiento, reparación a las familias, investigación y condena de los responsables y medidas legislativas adecuadas.[1]           Estos derechos, en combinación con otros como el de libertad de circulación y residencia (Art.22) y el derecho a la honra y dignidad (Art. 11), aplicados tanto a individuos como a comunidades indígenas, fueron refirmados por la Comisión en el contexto de conflictos internos[2]: “…Para el cumplimiento del propósito del Gobierno de erradicar lo que denomina la subversión, éste ha dividido a la población campesina e indígena entre aquella que considera susceptible de incorporarse a losprogramas sociomilitares del Gobierno, a la que ha organizado en patrullas de autodefensa civil y provisto de “fusiles y frijoles”, y aquellos sectores campesinos e indígenas que considera proclives a la guerrilla, a los cuales por todos los medios posibles se les ha castigado, llegándose a cometer a ese respecto gravísimas violaciones de derechos humanos, que en algunos casos incluyen la destruccióny saqueo de aldeas enteras y la matanza de sus habitantes.” La Comisión también consideró en un caso [3] que el ataque contra una comunidad indígena en el que habían muertos varios indígenas Saramaca incluía una motivación racial en el contexto de conflictos entre el Gobierno y la tribu Saramaca, y por consiguiente correspondía reparaciones por daño moral a toda la comunidad.  La CorteInteramericana decidió en cambio que no había evidencias que la motivación para el ataque y muertes hubiera sido racial, sino que se había dado por la situación subversiva que ocurría en ese momento en el país. La Corte tampoco aceptó el pedido de la Comisión de reparaciones a la comunidad como un todo fundamentado en que la sociedad tradicional cimarrona era un caso excepcional puesto que las víctimaseran miembros  no solo de su propio grupo familiar, sino también de su grupo de comunidad o tribal, o como dijo la Comisión, “la aldea es como una familia en sentido amplio”.  Al respecto, sostuvo la Corte que en todas las sociedades las personas forma parte tanto de su familia como de comunidades intermedias, y que la indemnización a la comunidad procederá en caso de que esta hubiera sufrido dañosdirectos, y no por el asesinato de uno de sus miembros. 2.          Derecho a la propiedad En 1970 la Comisión ya se refirió a la obligación del Estado en defender las tierras indígenas, en el caso de los Guahibos en Colombia[4].  Luego en 1985 la Comisión emitió una resolución en el caso de los Yanomami del Noroeste de Brasil (Estados de Mato Grosso y Roraima) por el que recomendaba delimitar ydemarcar el Parque Yanomami incluyendo más de 9 millones de hectáreas en su mayoría de bosque amazónico, habitat de los aproximadamente 12.000 Yanomami.[5]   Esta resolución fue doblemente importante porque confirmó que el sistema es capaz de procesar violaciones a derechos colectivos, como en el caso de la propiedad, vida, salud y bienestar del pueblo Yanomami.[6]   Era la primera vez que una...