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Los estados y el Distrito Federal no tienen facultades para legislar en materia de arraigo, por ser materia exclusiva del Congreso de la Unión y para aplicación exclusiva en delitos vinculados con la delincuencia organizada determinó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
 
Con este falló, invalidó el artículo 291 del Código Penal de Aguascalientes que facultóindebidamente a las autoridades locales a arraigar a personas vinculadas con delitos graves.
 
Por ocho votos contra dos -con la ausencia por tercera semana del ministro Sergio Valls-, la mayoría consideró que si bien, la invalidez de los arraigos tienen efecto retroactivo a partir de la publicación del citado artículo el dos de marzo de 2012, ello no implica que las pruebas y testimonios obtenidos encontra del acusado durante el arraigo puedan invalidarse en forma automática.
 
La propuesta del ministro ponente es que una vez declarada la invalidez de la norma, se deje a los jueces que determinen el efecto de la declaración de invalidez en los respectivos procesos penales, en función de cada caso en particular.
 
Quedaron pendientes para mañana los efectos de la invalidez en la que elpleno se abocará a determinar cuál es el efecto en personas que estén arraigadas actualmente en Aguascalientes y cómo impactará la inconstitucionalidad de la norma en los procesos en los que el acusado fue arraigado.
 
Así como resolver sobre el artículo 129 de la legislación penal de Aguascalientes, que es prácticamente idéntico al declarado inválido pero que no es parte de la acción deinconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
En la sesión de este lunes la voz discordante fue la del ministro Fernando Franco González Salas, quien al igual que su homólogo Jorge Pardo Rebolledo en la sesión anterior, defendió la facultad de los estados de normar y recurrir al arraigo.








CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre.- La indígenaguatemaltecaestudiante de doctorado, Rosa Liberta Xiap Riscajch, a quien le fue negada la entrada la cafetería “Oh la la. Pastelería francesa” en Chiapas,expresó su indignación por lo ocurrido y exigió a los dueños del negocio que emitan una disculpa pública por el “racismo y discriminación” que sufrió.
Mediante una carta, afirmpo que éste reclamo no sólo es suyo, “sino de lasociedad civil que se hapronunciado al respeto, y de la comunidad universitaria de la que formo parte".
La integrante de la etnia k'iche' y originaria del municipio de Almolonga, en Quetzaltenango, Guatemala, también denunció que, durante sus tres años de estancia en San Cristóbal de las Casas, no es la primera vez que le niegan el ingreso a negocios a "ejercer mi derecho de consumidora, por motivo del estigma demi identidad étnica, manifestada en mi vestido propio”.
Asimismo, lamentó que éste tipo de “violencia está normalizada en la sociedad, y peor aún en las cámaras comerciales, las autoridades municipales, estatales y nacionales”.
“En todos los casos he reiterado mi interés en cerrar este asunto que me ofende y daña mi integridad, no tengo interés en el protagonismo, ni me interesa estar en el centro deldebate”, sostuvo.

La semana pasada se dio a conocer que trabajadores de la cafeteríale negaron el acceso a Xiap Riscajch, quien llevaba puesto un vestido típico de su etnia, debido a que argumentaron que no querían que vendiera al interior.









   Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, ell secuestro de seis agentes dela AFI.
·        En su caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia.
·        El Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.
El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada...