Juicio abreviado
Páginas: 22 (5419 palabras)
Publicado: 22 de agosto de 2013
El juicio abreviado y la determinación de la pena
La estimación de la pena por parte del fiscal en el marco del juicio abreviado
Por Daniel Eduardo Rafecas
“Los criterios de determinación de las penas que hay en los códigos depende siempre de cuál sea el concepto y fin de la pena.”[1]
Introducción
Es una afirmación recurrente aquella que dice que nuestra tradiciónjurisprudencial no se distingue precisamente por darle la importancia que se merece a la cuestión de la determinación de la pena.
Tampoco la doctrina, sino hasta épocas recientes, se ha ocupado mayormente del asunto[2], pese a que, desde el punto de vista del ciudadano sometido a proceso, es factible suponer que no haya otra cuestión más importante a la hora del dictado de un pronunciamiento decondena.
Sin perjuicio de ello, un claro punto de partida al respecto, consiste en afirmar que la tarea de fijar la pena que corresponde imponer en el caso concreto, luego del proceso de denotación jurídica y connotación fáctica de un supuesto de hecho a las normas jurídicas aplicables, es indudablemente, tarea del juez o del tribunal (art. 18 de la C.N, art. 8 de la CADH), nunca del fiscal o de laspartes en su conjunto.
Ahora bien, la irrupción del instituto conocido como juicio abreviado (art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación), ha traído un nuevo giro sobre el particular, al cual creemos es conveniente prestar la debida atención.
La determinación de la pena en el marco del juicio abreviado
En los apartados 1) y 2) del art. 431 bis, C.P.P.N. se encuentra la fuentelegal de donde cabe extraer alguna información acerca de cómo llegar a la pena acordada por las partes en el instituto procesal llamado comúnmente juicio abreviado. Allí se establece lo siguiente:
“1. Si el ministerio fiscal (...) estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta conaquélla, podrá solicitar (...) que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.
(...)
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.”
Nose requiere demasiada perspicacia para advertir el escaso reparo que hace el legislador respecto de la forma en que se debe arribar a la determinación de la pena, ya que:
a) Se limita a indicarle al fiscal su estimación. Como la ley no dispone mecanismos, requisitos o pautas a seguir, se entiende que este funcionario puede estimar la pena libremente, o lo que es lo mismo, con ampliadiscrecionalidad. Esto no es nuevo en nuestra legislación, sino que sigue la línea de una larga tradición que señala que en materia de fijación de pena, a falta de referencias concretas, existe un poder discrecional en manos de la autoridad encargada de su aplicación[3].
Los únicos límites que encontrará este funcionario en esta libre fijación de la pena atribuible al caso concreto, estarán dados por el topeestablecido en el propio art. 431 bis, C.P.P.N., apartado 1); y por el máximo legal correspondiente a la calificación legal escogida. A ello puede agregarse como un tercer límite material a la pretensión fiscal en punto a la pena concretada, el rechazo de la misma por parte del imputado y su defensor, que frustra la aplicación del instituto procesal que estamos analizando.
b) Si bien se tratade un acuerdo o pacto, lo cierto es que de la letra de la ley, no surge con claridad que ambas partes estén en un pie de igualdad en cuanto a la fijación de la pena que corresponde al caso: la ley está dirigida en este punto exclusivamente al fiscal, es este funcionario el que la estima, y es a quien se le exige que acompañe la conformidad del imputado y su defensor. De todo esto se desprende un...
La estimación de la pena por parte del fiscal en el marco del juicio abreviado
Por Daniel Eduardo Rafecas
“Los criterios de determinación de las penas que hay en los códigos depende siempre de cuál sea el concepto y fin de la pena.”[1]
Introducción
Es una afirmación recurrente aquella que dice que nuestra tradiciónjurisprudencial no se distingue precisamente por darle la importancia que se merece a la cuestión de la determinación de la pena.
Tampoco la doctrina, sino hasta épocas recientes, se ha ocupado mayormente del asunto[2], pese a que, desde el punto de vista del ciudadano sometido a proceso, es factible suponer que no haya otra cuestión más importante a la hora del dictado de un pronunciamiento decondena.
Sin perjuicio de ello, un claro punto de partida al respecto, consiste en afirmar que la tarea de fijar la pena que corresponde imponer en el caso concreto, luego del proceso de denotación jurídica y connotación fáctica de un supuesto de hecho a las normas jurídicas aplicables, es indudablemente, tarea del juez o del tribunal (art. 18 de la C.N, art. 8 de la CADH), nunca del fiscal o de laspartes en su conjunto.
Ahora bien, la irrupción del instituto conocido como juicio abreviado (art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación), ha traído un nuevo giro sobre el particular, al cual creemos es conveniente prestar la debida atención.
La determinación de la pena en el marco del juicio abreviado
En los apartados 1) y 2) del art. 431 bis, C.P.P.N. se encuentra la fuentelegal de donde cabe extraer alguna información acerca de cómo llegar a la pena acordada por las partes en el instituto procesal llamado comúnmente juicio abreviado. Allí se establece lo siguiente:
“1. Si el ministerio fiscal (...) estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis (6) años, o de una no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta conaquélla, podrá solicitar (...) que se proceda según este capítulo. En tal caso, deberá concretar expreso pedido de pena.
(...)
2. Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del hecho y la participación de aquél, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio, y la calificación legal recaída.”
Nose requiere demasiada perspicacia para advertir el escaso reparo que hace el legislador respecto de la forma en que se debe arribar a la determinación de la pena, ya que:
a) Se limita a indicarle al fiscal su estimación. Como la ley no dispone mecanismos, requisitos o pautas a seguir, se entiende que este funcionario puede estimar la pena libremente, o lo que es lo mismo, con ampliadiscrecionalidad. Esto no es nuevo en nuestra legislación, sino que sigue la línea de una larga tradición que señala que en materia de fijación de pena, a falta de referencias concretas, existe un poder discrecional en manos de la autoridad encargada de su aplicación[3].
Los únicos límites que encontrará este funcionario en esta libre fijación de la pena atribuible al caso concreto, estarán dados por el topeestablecido en el propio art. 431 bis, C.P.P.N., apartado 1); y por el máximo legal correspondiente a la calificación legal escogida. A ello puede agregarse como un tercer límite material a la pretensión fiscal en punto a la pena concretada, el rechazo de la misma por parte del imputado y su defensor, que frustra la aplicación del instituto procesal que estamos analizando.
b) Si bien se tratade un acuerdo o pacto, lo cierto es que de la letra de la ley, no surge con claridad que ambas partes estén en un pie de igualdad en cuanto a la fijación de la pena que corresponde al caso: la ley está dirigida en este punto exclusivamente al fiscal, es este funcionario el que la estima, y es a quien se le exige que acompañe la conformidad del imputado y su defensor. De todo esto se desprende un...
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