Juicio oral
Páginas: 27 (6690 palabras)
Publicado: 22 de marzo de 2011
Compendio de estudios sobre el sistema de justicia penal en México
Los costos y beneficios de la justicia desde la perspectiva de las
garantías individuales y la legitimidad.
I. Introducción:
El diálogo sobre la reforma de la justicia penal está en curso y refleja una insatisfacción general con respecto a la falta de eficacia y legitimidad demostrada por el sistema para solucionarlos conflictos sociales o para generar una sensación de seguridad. En efecto, el sistema ha sido la fuente de inseguridad adicional debido a la existencia de la corrupción y de las violaciones documentadas de derechos humanos por parte de los actores del sistema de administración de justicia. No obstante, ha habido esfuerzos en la última década por parte de las instituciones de administración dejusticia y de la comunidad legal para enfrentar estas deficiencias y tratar de ser más efectivos en el combate a la impunidad, así como más sensibles a las necesidades públicas.
El debate sobre la reforma legal, no obstante, carece de información empírica confiable sobre la incidencia y la naturaleza de la actividad delincuencial y sobre la manera en que el sistema de administración dejusticia está haciendo frente al desafío. La imagen pública del funcionamiento del sistema de administración de justicia está distorsionada por una relación deficiente con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de la delincuencia en su conjunto, tomando en cuenta el gran número de delitos que ni siquiera son denunciados a las autoridades. Así pues, la llamada “cifra negra” esmencionada como un indicador de la falta de confianza de la población en el sistema de administración de justicia. Si bien la corrupción puede ser significativa, la falta de respuesta y el diseño poco transparente del sistema también alimentan la percepción acerca de la ineficiencia y la ilegitimidad del sistema.
Durante muchos años los académicos mexicanos se han quejado de la falta deacceso a la información oficial sobre las actividades de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Más recientemente dichas instituciones han demostrado una voluntad creciente de abrir sus actuaciones a un escrutinio limitado. Ha habido claras muestras de parte de las instituciones del sector de seguridad pública y de los tribunales para empezar a entregar información acerca desus funciones[1]. De acuerdo con la nueva ley federal de acceso a la información que recien entró en vigencia el 12 de junio de este año, existe la posibilidad de que se pueda obtener más información sistémica y no confidencial sobre el sistema.
Una de las conclusiones preliminares de estudios recientes ha sido que el acopio de la información por parte de estas instituciones es conceptualizadoy aplicado deficientemente. Como resultado, la comunidad académica ha percibido la necesidad de definir estos procesos, evaluar los datos estadísticos disponibles y empezar a diseñar y a aplicar estudios que nos den una idea más exacta tanto de la situación actual de la criminalidad, como de la respuesta del sistema de administración de justicia, mediante el análisis de las instituciones que laintegran[2] y del funcionamiento del sistema en general.
En los últimos dos años ha habido algunos estudios incipientes sobre aspectos parciales del diagnóstico. A continuación se presenta una lista de los estudios existentes que han sido identificados, junto con una breve descripción de su enfoque y alcances. Se tiene la esperanza de que este breve panorama producirá un marco para iridentificando la información disponible sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y el fenómeno de la criminalidad, así como los obstáculos normativos y prácticos para hacer frente a ese desafío con eficacia, transparencia y respeto a los derechos humanos.
II. Relación de Estudios[3]
Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)
Guillermo Zepeda ha estado investigando la...
Los costos y beneficios de la justicia desde la perspectiva de las
garantías individuales y la legitimidad.
I. Introducción:
El diálogo sobre la reforma de la justicia penal está en curso y refleja una insatisfacción general con respecto a la falta de eficacia y legitimidad demostrada por el sistema para solucionarlos conflictos sociales o para generar una sensación de seguridad. En efecto, el sistema ha sido la fuente de inseguridad adicional debido a la existencia de la corrupción y de las violaciones documentadas de derechos humanos por parte de los actores del sistema de administración de justicia. No obstante, ha habido esfuerzos en la última década por parte de las instituciones de administración dejusticia y de la comunidad legal para enfrentar estas deficiencias y tratar de ser más efectivos en el combate a la impunidad, así como más sensibles a las necesidades públicas.
El debate sobre la reforma legal, no obstante, carece de información empírica confiable sobre la incidencia y la naturaleza de la actividad delincuencial y sobre la manera en que el sistema de administración dejusticia está haciendo frente al desafío. La imagen pública del funcionamiento del sistema de administración de justicia está distorsionada por una relación deficiente con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de la delincuencia en su conjunto, tomando en cuenta el gran número de delitos que ni siquiera son denunciados a las autoridades. Así pues, la llamada “cifra negra” esmencionada como un indicador de la falta de confianza de la población en el sistema de administración de justicia. Si bien la corrupción puede ser significativa, la falta de respuesta y el diseño poco transparente del sistema también alimentan la percepción acerca de la ineficiencia y la ilegitimidad del sistema.
Durante muchos años los académicos mexicanos se han quejado de la falta deacceso a la información oficial sobre las actividades de las instituciones encargadas de la administración de justicia. Más recientemente dichas instituciones han demostrado una voluntad creciente de abrir sus actuaciones a un escrutinio limitado. Ha habido claras muestras de parte de las instituciones del sector de seguridad pública y de los tribunales para empezar a entregar información acerca desus funciones[1]. De acuerdo con la nueva ley federal de acceso a la información que recien entró en vigencia el 12 de junio de este año, existe la posibilidad de que se pueda obtener más información sistémica y no confidencial sobre el sistema.
Una de las conclusiones preliminares de estudios recientes ha sido que el acopio de la información por parte de estas instituciones es conceptualizadoy aplicado deficientemente. Como resultado, la comunidad académica ha percibido la necesidad de definir estos procesos, evaluar los datos estadísticos disponibles y empezar a diseñar y a aplicar estudios que nos den una idea más exacta tanto de la situación actual de la criminalidad, como de la respuesta del sistema de administración de justicia, mediante el análisis de las instituciones que laintegran[2] y del funcionamiento del sistema en general.
En los últimos dos años ha habido algunos estudios incipientes sobre aspectos parciales del diagnóstico. A continuación se presenta una lista de los estudios existentes que han sido identificados, junto con una breve descripción de su enfoque y alcances. Se tiene la esperanza de que este breve panorama producirá un marco para iridentificando la información disponible sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal y el fenómeno de la criminalidad, así como los obstáculos normativos y prácticos para hacer frente a ese desafío con eficacia, transparencia y respeto a los derechos humanos.
II. Relación de Estudios[3]
Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)
Guillermo Zepeda ha estado investigando la...
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