juicio político







“El Juicio Político”


ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………..3
Antecedentes del Juicio Político………………………………………...…5
Antecedentes del Juicio Político en México…………………………….10
Fundamento Legal…………………………………………………………25
Autoridad ante la que se promueve……………………………………...28
Jurisprudencia……………………………………………………………...30
Aplicación en la actualidad……………………………………………….45Personas Sujetas a Juicio Político……………………………………….63

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realizó un análisis del proceso de Juicio Político en contra de los Servidores Públicos, porque representa un mecanismo de control del poder, con el objetivo de conservar el Equilibrio de los Poderes en el Estado de Derecho.
Aun cuando el juicio político en sentido propio, es decir, el enjuiciamiento porlos organismos legislativos a los altos funcionarios titulares de los órganos del poder público tanto, en el orden federal como en las entidades federativas, para destituirlos, inhabilitarlos, si procede, para el ejercicio posterior de las funciones públicas y en su caso someterlos, si las infracciones respectivas están tipificadas en los respectivos códigos penales, a los tribunales ordinarios, noha tenido aplicación en el ordenamiento mexicano, pero con motivo del pluralismo que actualmente impera en nuestro país, se ha reavivado el interés de la doctrina e inclusive de los legisladores en el estudio de esta institución, que no obstante su procedencia en casos excepcionales en otros ordenamientos de Latinoamérica, podría tener efectividad en México. Por otra parte, se advierte un abusoreciente de las instancias de promoción de este instrumento, aun cuando esperemos que llegue un momento de cordura para que las acusaciones se presenten con elementos de convicción a efecto de que se puedan tramitar en las cámaras respectivas.
El hecho de que el juicio político de los altos funcionarios no hubiese tenido aplicación práctica, no obstante momentos políticos difíciles durante loscuales se han utilizado otros instrumentos, no siempre idóneos, para destituir e inhabilitar a los titulares de los órganos del poder público, especialmente en las Entidades Federativas, ha determinado que la legislación reglamentaria de los artículos 111 original y actual 110 de la Carta Federal y sus equivalentes en las Constituciones locales, adolezca de numerosos defectos e imprecisiones que esnecesario superar. Este es el objeto de este breve estudio, en el cual también abordamos la reciente reforma constitucional al artículo 113 de la propia Constitución Federal publicada el 14 de junio de 2002, que introdujo la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes y derechos de losparticulares. Dicha modificación constitucional debería entrar en vigor conjuntamente con su ley reglamentaria el primero de enero de 2004, pero como esta última no se ha expedido, como muchas otras que deberían haberlo sido, se ha quedado sin posibilidad de aplicación efectiva. El citado juicio político y la responsabilidad patrimonial son dos instrumentos distintos pero paralelos, y por este motivoambos están situados en el Título Cuarto de nuestra Ley Fundamental, que lleva el título actual de De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.
Ambas instituciones son de gran importancia para la defensa del orden constitucional, así como para la tutela de los derechos de los gobernados que han sido vulnerados impunemente por muchos años, ya que el juicio político hasido un instrumento puramente teórico, y la responsabilidad patrimonial era prácticamente inexistente hasta la esencial reforma de 2002 al citado artículo 113 constitucional. Por este motivo, resulta conveniente e inclusive necesario analizar ambos mecanismos con el objeto de que tengan aplicación efectiva, lo que es posible en la actualidad debido a la evolución política iniciada en diciembre...