Juicios Orales

MÁS ALLÁ DE LOS JUICIOS ORALES Y EL DEBIDO PROCESO EN MÉXICO Por Ernesto Canales Santos* Brújula Ciudadana (Abril 2011. Número 21) Hoy en día México enfrenta grandes retos en materia de seguridad pública e impartición de justicia. Asimismo, existen enormes desafíos en materia de combate a la delincuencia organizada. Vivimos una situación donde el gobierno debe poner sobre la mesa reformas,herramientas eficientes de política pública, mecanismos de rendición de cuentas y la sociedad debe participar activamente, y vigilar su desempeño. Cabe señalar que también preexisten profundas problemáticas que de igual forma nos afectan e involucran como las que vive nuestro sistema de justicia penal. Un balance en términos generales le adjudica una costosa deuda histórica por la serie de injusticias,que por su forma, se han suscitado de forma sistemática. Afortunadamente, la reforma a la Constitución mexicana aprobada en el 2008, estableció un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que plantea los principios relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es una reforma que da un giro total a la forma en que se ha venido procurando e impartiendojusticia en México desde hace décadas. Debemos aclarar que los juicios orales son sólo una parte de esta gran reforma y que el debido proceso legal, no sólo depende de los jueces, también entra la responsabilidad y competencia de las distintas autoridades que participan en un proceso penal como las policías de investigación, los peritos y el Ministerio Público, que dependen directamente del poderEjecutivo y no del Judicial. Como todo gran cambio, sobre la marcha se van presentando grandes retos. Uno de los principales cuestionamientos que han recibido los juicios orales es que “incrementan” el número de casos de impunidad, es decir, hechos delictivos no sancionados. Un ejemplo muy significativo es el lamentable caso de Rubí Frayre. Como consecuencia de mal desempeño de la autoridad, seseñala que en esta nueva forma de enjuiciamiento los delincuentes adquieren impunidad. Y que en ese sentido, el nuevo sistema desprotege a las víctimas. Pero no es cierto. Me gustaría señalar que en este caso, en principio, fue responsabilidad de la policía ministerial no realizar una adecuada investigación; después, que la sentencia de primera instancia (la absolutoria) se revirtió en la segunda(la condenatoria) en un término de 17 días; fue responsabilidad de las policías no re-aprehender al condenado; y que también fue responsabilidad de la policía no dar protección a la madre en su activismo de protesta; finalmente, es claro que

el sistema acusatorio permitió conocer los pormenores del juicio y los razonamientos de los actores en el proceso, que permitió la auto corrección.Ciertamente la impunidad se traduce en la ausencia de justicia donde caen las víctimas y también en que las instituciones dejan de estar al servicio de los ciudadanos, se corrompen y no cumplen con sus fines. Pero es totalmente equivocado que a partir de errores concretos se señale que el nuevo sistema incrementa los índices de criminalidad con relación al sistema anterior, el inquisitivo. ¿Por qué?Vincular la incidencia delictiva con la eficiencia y el buen funcionamiento de un sistema penal en un país donde más del 90% de los delitos no se denuncia, es, repito, equivocado. Son delitos que quedan impunes, pero no por la mala actuación de la autoridad, independientemente del sistema que aplique, sino por su ausencia. Dos de los principales controles a la impunidad que contemplan los juiciosorales es la publicidad y la existencia controles directos e indirectos al desempeño de los jueces. En el primer punto, la posibilidad de que la ciudadanía pueda presenciar una audiencia, genera en automático un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. En el segundo, el que sean dos figuras distintas (juez de control y juez de juicio oral) en las que recaiga la competencia jurisdiccional...