julio daniel chaparro



Hacia las siete de la noche del miércoles 24 de abril de 1991, en la calle de La Reina del municipio de Segovia (Antioquia), desconocidos asesinaron al periodista Julio Daniel Chaparro y al reportero gráfico Jorge Enrique Torres. Ambos trabajaban en El Espectador y habían llegado tres horas antes para realizar un reportaje sobre el impacto que la violencia estaba dejando en el pueblo. Apunto de cumplirse 20 años de este cruento episodio, la memoria de estos talentosos mártires sigue viva, pero en términos de justicia prevalece la impunidad.
Todo fue oscuro desde aquel triste día de abril. Más de tres horas estuvieron los cuerpos sin vida tirados en el pavimento, sin que nadie avisara a las autoridades. Sólo a las 10:30 de la noche llegó la policía a practicar el levantamiento delos cadáveres. Una jueza de instrucción criminal asumió el caso 24 horas más tarde y, sin mayores pesquisas, cobró forma el rumor de que los autores habían sido miembros de las Milicias Bolivarianas de las Farc, quienes supuestamente los habían confundido con agentes de inteligencia militar.
A esta supuesta pista contribuyeron rápidamente dos hechos. Las declaraciones del comandante de la Policíade Segovia, quien entonces manifestó que en el último año no se había sentido acción de grupo paramilitar alguno y éstos delinquían muy lejos; y el falso informe que habrían suministrado milicianos del Eln a las Farc, en el sentido de que habían visto a los periodistas en la XIV Brigada del Ejército en Puerto Berrío. El IV frente de las Farc expidió un comunicado para negar su autoría en loscrímenes, que poco o nada fue tenido en cuenta.

A raíz del doble asesinato, el entonces presidente César Gaviria hizo pública una declaración comprometiéndose a una “investigación completa y pronta para detener, juzgar y condenar a los culpables de esta agresión contra la libertad de prensa”, pero la actuación judicial, en sus frentes de Procuraduría y justicia sin rostro, no logró significativosavances. En el primer caso, antes de un año el proceso quedó resuelto, pues se descartó cualquier responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública o de los organismos de seguridad del Estado.
En cuanto al expediente penal, lo único significativo fue el recuento de las últimas horas de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres. Su arribo al aeropuerto Otú del municipio de Remedios (Antioquia), procedentesde Medellín; el viaje por tierra hasta Segovia, donde llegaron hacia las cuatro de la tarde; el registro en el hotel Fujiyama antes de las cinco; su presencia en el estadero La Diana, donde tomaron varias cervezas y repetidamente hicieron sonar la canción La quiero a morir de Francis Cabrel, y luego su inaplazable cita con la muerte.
De regreso al hotel, frente a un sitio conocido como LasPartidas de San Bartolo, súbitamente apareció un grupo de desconocidos que los acribilló a bala. Y nada más. Sólo un desordenado recuento de testimonios de oídas y una evidencia implacable: el predominio de la ley del silencio. Con un agravante más: con el paso del tiempo, la mayoría de testigos y sindicados desaparecieron o fueron asesinados. Al final, la investigación se concentró en los milicianosdel Eln que, con falsos informes, presuntamente habían instigado los crímenes.
Por eso, en diciembre de 1991, ocho meses después de los asesinatos, fueron llamados a juicio Ramiro Alonso Lezcano y su tío Joaquín Julián Lezcano. Tres años después fueron dejados libres por falta de pruebas. El primero de ellos murió acribillado a bala en Segovia en noviembre de 1999 y el segundo corrió idénticasuerte en Medellín en abril de 2002. Desde esa misma época, el expediente por el doble homicidio de los periodistas permanece enmohecido y, según los expertos, a punto de prescribir sin conclusiones válidas.

En febrero de 2009, Daniel Chaparro, hijo del periodista asesinado, otorgó poder al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que se constituyera en parte civil y buscara justicia en...