JURISPRUDENCIA DE PRINCIPIOS DE LA PERSONALIDA DEL SER HUMANO

Auto 227/12
 
Referencia: ICC-1848
 
Acción de tutela presentada por José Adenis Vega, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de todas las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Modelo” de Bogotá contra la Sala Plena de la Corte Constitucional, las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, laPresidencia de la República entre otros.
 
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
 
 
Bogotá, D.C., cuatro  (4)  de octubre de dos mil doce (2012). 
 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere el siguiente
 
 
AUTO
 
1.     ANTECEDENTES
 1.1.  El asunto referido llegó a esta Corporación por remisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
 
1.2.  En sesión del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), la Sala Plena de la Corte Constitucional dispuso enviar el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador, para que defina el conflicto suscitado entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema deJusticia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
 
1.3.   El señor José Adenis Vega, quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de todas las personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Modelo” de Bogotá, interpuso acción de tutela en contra de la Sala Plena de la Corte Constitucional, las SalasAdministrativa y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Presidencia de la República entre otros, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la locomoción, al debido proceso y a la dignidad humana, toda vez que se ha desbordado notablemente la capacidad de la planta física para albergar a todos los presos, impidiendo que desarrollen los derechos que le asistenen su condición de privados de la libertad, pasándose por alto las directrices que para mejorar sus condiciones ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia T-157 de 1998.
 
1.4.  A través de la acción constitucional, solicita a las entidades accionadas que se le garanticen los derechos fundamentales a la comunidad carcelaria y se mejoren las condiciones en las que se encuentran recluidos.
 2.     DECISIONES QUE ORIGINARON EL CONFLICTO
 
2.1.   El proceso referido correspondió  por reparto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, despacho que mediante auto del 31 de julio de 2012 se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela interpuesta.   .
 
2.2.  En este sentido, la Corte Suprema de Justicia señaló:
 
 “[…] en virtud de las preceptivascontenidas en el Decreto 1382 de 2000 se establecen reglas para el reparto de las acciones de tutela, prescribiéndose en el inciso 2, numeral 2 del artículo 1 que:
 
 “Lo accionado contra La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección oSubsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4 del presente decreto”
 
De tal manera que ante la vigencia plena de los apartes reseñados del Decreto 1382 de 2000, es la regla de competencia allí fijada la que determina la autoridad judicial que debe asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional […]”.
 
En vista de lo anterior,señaló que la competencia para resolver este trámite radica en el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual ordenó enviar el expediente a dicha entidad, que en su consideración, era la competente para tal efecto.
 
2.3.         Efectuado nuevamente el reparto, le correspondió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conocer de la presente acción de...