Jurisprudencia

121-2007
Inconstitucionalidad

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, a las catorce horas del
día dos de marzo de dos mil doce.

El presente proceso de inconstitucionalidad fue iniciado de conformidad con el art. 77-F
de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L. Pr. Cn.), en virtud de la certificación remitida
por la Cámara Primera de lo Civil de laPrimera Sección del Centro (en adelante "la Cámara") de
su sentencia de 22-X-2007, la cual constituye requerimiento para que esta Sala se pronuncie de
modo general y obligatorio sobre la constitucionalidad del art. 399-A del Código de Comercio
(C. Cm., en lo sucesivo), contenido en el D. L. n° 671, de 8-V-1970, publicado en el D. O. n°
140, de 31-VII-1970, disposición que fue adicionada por D.L. n° 247, del 9-1-1973, publicado
en el D. O. n° 23, de 2-II-1973; por la supuesta contradicción al art. 23 de la Constitución (Cn.).
La disposición inaplicada establece:
"Art. 399-A.- Las controversias que se susciten en la aplicación de lo dispuesto en esta
Sección, se tramitarán en juicio sumario por los tribunales competentes del domicilio del agente
representante o distribuidor".
Hanintervenido en el presente proceso, además de la Cámara requirente, la Asamblea
Legislativa y el Fiscal General de la República.
Analizados los argumentos y considerando:
I. En el trámite del presente proceso, los intervinientes expusieron:
1. A. Al fundamentar la inaplicabilidad del art. 399-A del C. Cm., la Cámara expuso el
contenido de la libertad de contratación, para lo cual se apoyó enla sentencia de 13-VIII-2002,
pronunciada en el proceso de Inc. 15-99, sobre la cual no es pertinente transcribir todas sus citas
textuales.
En todo caso, con base en dicha sentencia, el tribunal requirente afirmó la necesidad de
reconocer que la literalidad de los contratos es uno de los "sistemas de interpretación" más fieles
y más congruentes con el principio de la autonomía de la voluntad,que no debe verse como un
"lirismo abstracto", sino como un principio fundamental de las relaciones contractuales en todo el
Derecho Privado y que, hoy por hoy, constituye la expresión de la máxima libertad de

contratación sin más sujeción que a la ley y, consecuentemente, tal libertad goza de una "garantía
constitucional".
Por otro lado, apuntó que, aun cuando el art. 399-A del C. Cm.establece que las
controversias se decidirán por los tribunales competentes del domicilio del agente representante o
distribuidor, la referida disposición no establece que tal derecho sea de carácter irrenunciable.
B. A lo anterior agregó que, de conformidad con el art. 12 del Código Civil (C. C.),
relativo a la renuncia de derechos, esta solo se encuentra limitada por dos circunstancias: (i)cuando las leyes lo prohíben; y (ii) cuando la renuncia afecte intereses de terceros. En
consecuencia, el principio de la autonomía de la voluntad —establecido en el art. 12 del C. C.—,
que fundamenta la renuncia de los derechos conferidos por las leyes, es también una garantía
constitucional consagrada en varias disposiciones que reconocen derechos derivados de ese
principio, por ejemplo: lalibertad de testar y la de contratar conforme a las leyes, que aparecen en
los arts. 22 y 23 Cn.
Así, al contratar, las partes pueden hacerlo libremente, siempre que no violen las
disposiciones legales y, dentro de esa libertad, pueden válidamente renunciar a los derechos si así
lo desean, aceptando voluntariamente todas las consecuencias de su manifestación. Si en el
ejercicio voluntario deesa facultad legal resulta una limitación en los derechos, la cual no está
prohibida por las leyes ni perjudica a terceros, ese ejercicio es lícito, así como sus consecuencias,
sin que por ello se viole la seguridad jurídica del renunciante, ni se sitúe en desventaja o en
situación de desigualdad; si alguna afectación o consecuencia resulta de la renuncia, ella sería la
consecuencia de su...