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Jurisprudencia Procesal Civil 2005




IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
(Publicada: 03-01-2005)
CAS. Nº 227-2004 LIMA.
Lima, quince de marzo del dos mil cuatro.-
VISTOS; con los acompañados; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación interpuesto por la demandante doña Isabel Dávila Carazas, reúne los requisitos de forma necesarios para su admisibilidad queestablece el artículo trescientos ochentisiete del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, para pronunciarse sobre la procedencia del recurso conforme al artículo trescientos ochentiocho del citado Código Procesal, son requisitos de fondo del recurso de casación que se apoye en las causales descritas en el artículo trescientos ochentiséis del referido Código, según sea el caso; y que se expresen conclaridad y precisión los fundamentos o razones en las cuales el impugnante apoya la causal o causales que invoca en el recurso; si las causales invocadas son las señaladas en los incisos primero y segundo del precitado artículo trescientos ochentiséis, debe precisarse cómo debe ser la debida aplicación o cual la interpretación correcta de la norma de derecho material en el primer supuesto, o cuáldebe ser la norma de derecho material aplicable al caso en el segundo supuesto; y si se tratara de las causales contenidas en el inciso tercero de dicho artículo, se debe señalar en que ha consistido la afectación del derecho al debido proceso o cuál ha sido la formalidad procesal incumplida; Tercero.- Que, de la revisión del escrito de fojas quinientos noventiocho se llega a establecer que laimpugnante invoca las causales contenidas en los incisos segundo y tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, denunciando a) La Inaplicación de los artículos veintidós, veintisiete, veintiocho y siguientes del Decreto Legislativo seiscientos cincuentitrés, sosteniendo que la caducidad que solicitara la recurrente en el procedimiento administrativo se encontraba dentro delos alcances del citado dispositivo (que derogó el Decreto Ley diecisiete mil setecientos dieciséis), que en sus artículos veintidós, veintisiete, veintiocho y siguientes establecía los plazos de caducidad para la denuncia de tierras eriazas con fines de explotación agraria; y b) La Contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, argumentando: b.uno).- Que, la sentencia devista no guarda congruencia con lo actuado en el proceso al no haberse merituado debidamente las pruebas aportadas por la impugnante; b.dos).- Que, la Resolución Ministerial Número quinientos ochentidós-noventinueve-AG es nula de pleno derecho al haberse expedido, vulnerando el artículo cuarentitrés del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado porDecreto Supremo cero dos-noventicuatro-JUS, transgrediendo con ello el principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución Política; b.tres).- Que, la Resolución Directoral cuatrocientos sesenticuatro-noventa-DGRA/AR dispuso el otorgamiento del contrato de compraventa a favor de Godofredo Revilla Díaz envirtud a una ilegal adjudicación del Predio SOTO; no habiéndose puesto en conocimiento de dicha Resolución a Eduardo Talavera, como aparece del Informe Número cero diecisiete-dos mil uno del siete de diciembre del dos mil uno contraviniéndose la forma prescrita por Ley; recortándose así el derecho de defensa; b.cuatro).- Que, se ha omitido pronunciarse sobre la posesión que la recurrente ejercesobre el predio sub litis desde la suscripción de los contratos de fecha quince de mayo de mil novecientos ochenticuatro y tres de mayo de mil novecientos noventiséis a la fecha; b.cinco).- Que, pese a que conforme a lo dispuesto por el artículo quinto del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo cero dos-noventicuatro-JUS, a...