Jurisprudencias

CASO KIMEL VS. ARGENTINA

Una colisión de principios y utilización del test o principio de ponderación

Introducción

El caso Kimel vs. Argentina resuelto mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo del 2008 en un caso emblemático que nos permite conocer de manera cierta y objetiva la importancia del sistema interamericano de DD.HH como mecanismoprotector de los derechos humanos en nuestra región. Más allá del examen de las excepciones preliminares, del fondo de la sentencia, de las reparaciones así como de la interpretación que nos merece la sentencia tanto por el fondo como por la forma, buscamos algunas aproximaciones para apreciar como resuelve la Corte IDH una evidente colisión de principios previsto en la propia Convención Americana deDerechos Humanos (1969) o Pacto de San José entre el derecho, en el Art. 13 que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión vs. el derecho a la protección a la honra y dignidad que prevé el Art. 11. No nos quepa duda que la Corte IDH recurre al test de ponderación que los hemos estudiado en los trabajos del Prof. Roberto Alexy de la Universidad de Kiel (Alemania) o en los delProf. Carlos Bernal Pulido de la Universidad Externado de Bogotá (Colombia), el mismo que se desarrolla en aplicación del principio de proporcionalidad y sus sub principios o test, como los de idoneidad y necesidad del medio o procedimiento al que se recurre (por ej. La ley y la sanción), la de examinar si existen otros medios igualmente eficaces, y la aplicación finalmente del principio deproporcionalidad propiamente dicho, mediante la ponderación de los principios.

Recordemos que se enuncia el principio o ley de la ponderación con la formula que dice:

Cuando mayor fuese el grado de afectación y de insatisfacción o vulneración de un principio, tanto mayor debe ser el nivel del grado de satisfacción del otro.

No pretendemos desconocer la importancia que tiene el derecho a contar conuna información veraz u oportuna, como parte de una adecuada convivencia democrática, pero es igualmente importante que se respete objetiva y realmente el derecho a la honra y a la dignidad del ser humano. Ya hemos escuchado en más de una ocasión decir que no hay derechos absolutos, y que los funcionaros o personas que se encuentran en el ejercicio de una función pública están más expuestas alescrutinio público que se convierte es una especie de vitrina, y que no puede amparar el respeto a la privacidad por ejemplo actos de corrupción, y esto es igualmente cierto. Pero ningún ciudadano puede perder el derecho a que se respete su honra y dignidad e inclusive su privacidad, ni debe ser víctima de un acto de vilipendio con el argumento de que se trata de una importante investigaciónperiodística. El ejercicio abusivo de malos comunicadores sociales es igualmente cierto.

Por otra parte, si pensamos por un momento en el respeto al principio de la igualdad que es además una garantía constitucional, no encontramos razones para que en un momento dado un ciudadano por el hecho circunstancial de encontrarse en el ejercicio de un cargo o función, (juez, magistrado, legislador, ministrode Estado, Presidente de la República, etc.), debe tener una mayor protección penal o punitiva por el ejercicio del cargo, pues este plus en el monto de la pena desconoce el principio de la igualdad, y esto es lo que ocurre con la llamada figura del desacato cuya aplicación determina mayor penalidad porque el supuesto ofendido, ejerce una determina función o tiene un determinado cargo público.Frente al mismo delito (por ej. Injurias y calumnias) si se trata de una controversia entre particulares no hay este tratamiento punitivo agravado.

Otro tema de interés es destacar que igualmente sería atentatorio al principio de la igualdad que se pretenda sostener que porque se trata del ciudadano Presidente o magistrado de justicia o legislador, en razón de estar expuesto a un mayor...