justicia aduanera
Páginas: 6 (1463 palabras)
Publicado: 6 de mayo de 2014
Disquisiciones Acerca de la Justicia Aduanera
Diversos han sido los planteamientos de colegas y alumnos que me han expresado su inquietud sobre la garantía al debido proceso, así como de la tutela judicial efectiva, aplicados específicamente a los recursos administrativos y judiciales en materia aduanera.
El debido proceso, es un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjuntode garantías que se traducen en una diversidad de derechos, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener una resolución de fondo debidamente motivada, derecho a unproceso sin dilaciones indebidas, el derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
El artículo en comento establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judicialesy administrativas, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.
En este mismo orden deideas, el derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptado y aceptado en la jurisprudencia en materia administrativa, tiene también una consagración múltiple en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual, en diversas normas, precisa su sentido y manifestaciones. Se regulanasí los otros derechos conexos como son el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aun si se trata de unprocedimiento que ha sido iniciado de oficio; a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su legajo administrativo; a presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por laAdministración; y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles legalmente, con el objeto de que preserve sus derechos subjetivos e intereses legítimos, en el supuesto de resultar estos afectados o lesionados por actos dictados por la Administración.
Si efectuamos un breve análisis de la situación actual dela justicia aduanera administrativa, a la luz de la garantía al debido proceso, que como expresásemos en líneas precedentes es igualmente aplicable a todas las actuaciones de la Administración, específicamente en lo atinente a los derechos de acceso a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, a un órgano administrativo competente, independiente e imparcial, a obtener unaresolución de fondo fundada y a un proceso sin dilaciones indebidas, lamentablemente deberíamos concluir que muchos de estos derechos son actualmente conculcados por quien tiene la obligación de tramitar y decidir los recursos administrativos interpuestos por los particulares contra actos administrativos de contenido aduanero. Tal síntesis viene dada fundamentalmente, por cuanto, no puede hablarse...
Diversos han sido los planteamientos de colegas y alumnos que me han expresado su inquietud sobre la garantía al debido proceso, así como de la tutela judicial efectiva, aplicados específicamente a los recursos administrativos y judiciales en materia aduanera.
El debido proceso, es un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjuntode garantías que se traducen en una diversidad de derechos, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener una resolución de fondo debidamente motivada, derecho a unproceso sin dilaciones indebidas, el derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental.
El artículo en comento establece que el debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judicialesy administrativas, disposición que tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, dado que el debido proceso significa que ambas partes en el procedimiento administrativo, como en el proceso judicial, deben tener igualdad de oportunidades tanto en la defensa de sus respectivos derechos como en la producción de las pruebas destinadas a acreditarlos.
En este mismo orden deideas, el derecho a la defensa previsto con carácter general como principio en el citado artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adoptado y aceptado en la jurisprudencia en materia administrativa, tiene también una consagración múltiple en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual, en diversas normas, precisa su sentido y manifestaciones. Se regulanasí los otros derechos conexos como son el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a hacerse parte, el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aun si se trata de unprocedimiento que ha sido iniciado de oficio; a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su legajo administrativo; a presentar pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por laAdministración; y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa disponibles legalmente, con el objeto de que preserve sus derechos subjetivos e intereses legítimos, en el supuesto de resultar estos afectados o lesionados por actos dictados por la Administración.
Si efectuamos un breve análisis de la situación actual dela justicia aduanera administrativa, a la luz de la garantía al debido proceso, que como expresásemos en líneas precedentes es igualmente aplicable a todas las actuaciones de la Administración, específicamente en lo atinente a los derechos de acceso a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, a un órgano administrativo competente, independiente e imparcial, a obtener unaresolución de fondo fundada y a un proceso sin dilaciones indebidas, lamentablemente deberíamos concluir que muchos de estos derechos son actualmente conculcados por quien tiene la obligación de tramitar y decidir los recursos administrativos interpuestos por los particulares contra actos administrativos de contenido aduanero. Tal síntesis viene dada fundamentalmente, por cuanto, no puede hablarse...
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