justicia y estado

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Capítulo XI
JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
El acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son piedra angular de la
relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede proclamarse democrático sin ser
justo, ni desarrollarse económica, política y socialmente sin resguardar los bienes jurídicos
tutelados por el derecho, que la sociedad le ha encomendado.Estado de Derecho es aquel en el que las conductas de los gobernantes y gobernados se
encuentran previstos en preceptos legales, de tal modo que no puede exigirse ninguna acción u
omisión sin fundamento y sustento en una norma jurídica preestablecida, que sea congruente con
las disposiciones constitucionales. Lo anterior significa garantizar en plenitud libertades y
derechos, certidumbre de que lavida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos y sus
familias están protegidos; es decir, que hay un sistema público que vela por la seguridad y la
justicia, instituciones que preservan las normas y combaten su violación; que aseguran decisiones
legales y justas en los juicios civiles, en los conflictos laborales y en los administrativos; que
procuran la sanción correspondiente aquienes infringen la ley; que postulan la readaptación
social del infractor; y, en general, que previenen conductas contrarias a la ley, en particular las
delictivas y la impunidad, obviamente contrarias a la cohesión y a la estabilidad sociales.
Gracias al Estado de Derecho se han impuesto límites al ejercicio de la autoridad, que se
expresan mediante el respeto a las garantías de individuosy grupos sociales. Pero la democracia
supone y exige una cultura de la legalidad extendida entre los ciudadanos, que aprecian en su
justa medida el valor de la ley y de su cumplimiento y se involucran, voluntariamente, en tareas
que la fortalecen.
La actividad económica sustentable sólo puede darse dentro de un marco de certeza sobre
los límites de la libertad y de apego irrestricto a laley. Las instituciones de gobierno son las
primeras que deben ajustar su actividad al orden jurídico, a la vez que promover y vigilar el
ejercicio responsable y pleno de garantías y derechos reconocidos constitucionalmente.
La seguridad en su más amplia concepción, la legalidad y la justicia, integran una
fórmula política indisoluble, que involucra la actuación de los tres órdenes de gobierno; larelación coordinada, respetuosa y solidaria entre los poderes estatales y de éstos con las
autoridades Federal y municipales; y que, además, postula la participación activa e informada
de todos los actores del tejido social.
El acceso a la justicia es un derecho tutelado por el Estado mexicano y la procuración de
la misma el ejercicio de autoridad que contribuye a prevenir la violación y arestaurar el imperio
de la ley. En la Constitución Política de la República se establecen los principios que rigen la
administración de justicia: universalidad, gratuidad, prontitud, derecho de audiencia, acceso
expedito e imparcialidad, mismos que deben cumplimentarse en todo proceso. El constituyente
veracruzano, fiel intérprete de esa consigna, la consagra y amplía en el artículo sexto denuestro
Pacto Local. El Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 es el escenario propicio para que

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gobierno y sociedad convengan, en un nuevo pronunciamiento formal, su esfuerzo conjunto
orientado a transformar ese supuesto en una realidad.
La población se expresó de manera clara en la reciente campaña electoral. Ratificó su
posición por medio de las diversas vertientes que comprendióla consulta ciudadana, convocada
para la formulación del Plan Veracruzano. Su mensaje fue que el acceso a la justicia, la
procuración de la misma, la cultura de la legalidad, y el combate contra la delincuencia no
pueden circunscribirse a debates jurídicos o a opiniones de expertos. En las calles, caminos,
escuelas, hogares, mercados, ciudades y en el campo, todos los días los veracruzanos se...