Karen Atala Contra El Estado De Chile

KAREN ATALA CONTRA EL ESTADO DE CHILE

“… Soy Karen Atala Riffo, soy chilena, actualmente tengo 47 años de edad, soy mujer, soy de origen palestino (…) soy madre de cuatro hijos maravillosos, uno de 24 años, producto de mi primer matrimonio, y tres hijas más de 17, 13 y 11 años (…) Soy también abogada de profesión, jueza por oficio y además soy lesbiana"[1]. Así comienza la declaración de KarenAtala frente a la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), un órgano judicial de la OEA, a la que finalmente llegó a declarar luego de casi 8 años de arduos esfuerzos y litigios por la tuición de sus hijas.
La historia de este caso comienza el año 1993 cuando la jueza se casa con un compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime López Allendes, con un matrimonio queduró ocho años, con tres hijas concebidas. El conflicto se desenvuelve el año 2001 cuando Atala confiesa su lesbianismo en una de las sesiones de asistencia marital que llevaba con su esposo, debido a los problemas de convivencia que se vivían hacía ya tiempo, y es en este año cuando Jaime abandona el hogar que compartía con su familia comenzando los trámites del divorcio, sin perder el contactocon sus hijas. Pero todo detonó cuando Atala decide a vivir con la que entonces era su pareja, Emma de Ramón, y en enero del 2003 Jaime interpone una demanda de tuición por sus hijas argumentando los supuestos problemas que le acarreaban a las niñas la convivencia de su madre con una mujer. Es en mayo del mismo año cuando el juzgado de Menores de Villarica da la tuición provisoria al padre de lasniñas, arguyendo que el padre representaba el mayor interés de bienestar para sus hijas, presentándose en una sociedad heteronormada, en contra posición del perjuicio social que provocaría en las niñas la convivencia homosexual de su madre. A pesar de haber perdido la custodia provisoria de sus hijas, en octubre del 2003 el mismo juzgado en primera instancia dictó lo siguiente: “La orientaciónsexual de la demandada no representa un impedimento para desarrollar una maternidad responsable (...). La homosexualidad no es una conducta patológica. (...) La voluntad de las tres menores es que sus padres vuelvan a vivir juntos y en la última de las audiencias, (R. y V.) expresaron su deseo de volver a vivir con su madre”[2]. A lo que López respondió con una apelación en la Corte de Apelaciones deTemuco que dio orden de no innovar a la sentencia de primera instancia, por lo que la custodia recaía en el ex marido de la jueza, nuevamente. Finalmente, la Corte otorgó la razón a la jueza, por lo que el abogado Jaime López, padre de las niñas, llevó el caso a la Corte Suprema quién dictaminó que la custodia debía recaer en el padre de las menores, dado a que se consideró que Atala privilegiósus propios intereses por sobre los de sus hijas, “…al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas…” y el aislamiento social que, supuestamente, les provocaba a las niñas la decisión de su madre (hacer público su lesbianismo), es decir, desconoce el deber constitucional del Estado por garantizar la no discriminación,además del riesgo de “la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino”[3]. Aquí es cuando Karen decide llevar su caso a la CIDH que en 2008 señaló admisible su demanda y el 2010 se le reconoce la discriminación sufrida. Ante esto, el Estado chileno, a través de representantes frente a la comisión ha negado todos los cargos quese le imputan, incluso alegando que “en un juicio de tuición, que tiene por objeto estimar qué padre tendrá el cuidado personal de los hijos, el juez no sólo tiene la facultad sino la obligación de evaluar todas y cada una de las condiciones y circunstancias concretas que determinen el interés superior del niño”[4]
“Para reparar a la jueza y sus hijas, Chile le debe pagar $ 35 millones, brindar...