Klass y otros vs. alemania

Los hechos
Demanda de ciudadanos alemanes contra la RFA presentada ante la Comisión el 11 junio 1971 en relación a la ley de restricción del secreto de las comunicaciones, de los envíos postales y de las telecomunicaciones. Tiene su origen en una demanda dirigida contra la RFA que cinco ciudadanos alemanes, Gerhard Klass, Peter Lubberger, Jürgen, Nussbruch, HansJürgen Pohl y Dieter Selb, habíanpresentado ante la Comisión el 11 de junio de 1971 en virtud del artículo 25 del Convenio.
Denuncian como contrarios al Convenio el artículo 10.2, de la Constitución de la RFA y una ley promulgada en virtud de esta disposición, la ley relativa a la restricción del secreto de la correspondencia, de los envíos postales y de las telecomunicaciones «la G10». No rebaten al Estado el derecho a recurrira las medidas de vigilancia previstas por la legislación; atacan esta última, al permitir estas medidas sin obligar a las autoridades a avisar «a posteriori», y en todos los casos a los interesados y por excluir cualquier recurso a los tribunales contra la adopción y ejecución de medidas semejantes.
Antes de someter el asunto a la Comisión, recurrieron ante el Tribunal Constitucional Federal,mismo que declaró inconstitucional la disposición que excluía la información al interesado sobre las medidas de vigilancia incluso cuando pudiera hacerse sin comprometer la finalidad de la medida. Aunque alegando tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Comisión haber sufrido las medidas de vigilancia, los recurrentes ignoraban si la G 10 les había sido efectivamente aplicada.
Lasentencia fue dictada el 6 de septiembre de 1978.
La ley G 10
La Ley habilita la intervención de comunicaciones privadas cuando se trata de defender contra «peligros inminentes» «el orden fundamental democrático y liberal», «la existencia o la seguridad de la Federación o de un Land» y «la seguridad de las Fuerzas Armadas» aliadas. Estas medidas sólo pueden ser tomadas en presencia de indicios quepermitan sospechar de alguien que proyecte cometer o haya cometido determinados delitos , tales como contra la paz o la seguridad del Estado, el orden democrático, la seguridad exterior y la seguridad de las Fuerzas Armadas aliadas.
Tal vigilancia sólo es lícita si la prueba de los hechos se ve de otra manera avocada al fracaso o considerablemente comprometida; solo puede referirse al sospechoso olas personas que se presuma que puedan, sobre la base de hechos precisos, recibir o transmitir comunicaciones destinadas a éste. Sólo pueden solicitar medidas funcionarios perfectamente delimitados y habilitados para ello. Si el interesado no está avisado de las restricciones que le afectan, la autoridad competente debe comunicárselo desde que la notificación pueda hacerse sin comprometer lafinalidad de la restricción. La adopción y la ejecución de medidas restrictivas no son susceptibles de recurso ante los tribunales.
Un funcionario con las calificaciones requeridas para acceder a la magistratura controla la ejecución de las medidas ordenadas. Estudia las informaciones obtenidas para determinar si pueden ser explotadas según la ley y si son aplicables vista la finalidad de la medida. Elministro competente debe informar, al menos una vez por semestre, a un Comité de cinco parlamentarios de las condiciones de aplicación de la G 10; tales son designados por el Bundestag proporcionalmente. El ministro está obligado a rendir cuentas cada mes a la Comisión G 10 de las medidas que ha ordenado. En la práctica, y salvo casos de emergencia, solicita la autorización previa de estaComisión.
El recurso constitucional queda abierto para quien se considere vigilado en aplicación de la G 10. Una persona que haya sometido un asunto sin éxito a la Comisión G 10 conserva el derecho de apelar ante el Tribunal Constitucional. Este puede rechazar el recurso porque el recurrente no esté en condiciones de probar perjuicio alguno. El agente del Gobierno admitió que esta vía de recursos no...