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1. Evolución de los territorios cocales

El tráfico de cocaína es una actividad multinacional que, según algunos cálculos, moviliza un promedio de 100 mil millones de dólares anuales, es decir se trata de una industria casi tan grande y poderosa como el petróleo, y que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombiay su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica y cuyo auge, en la selva del Huallaga, en el cual se involucraron poblaciones enteras, abarca las décadas de 1970 y 1980.
La coca se cultiva en la Selva Alta, que tiene 275,491 kilómetros cuadrados (21.5% del territorio del Perú), en donde se ubican los 16 valles cocaleros —tradicionales y no tradicionales— sobre la vertienteOriental de la Cordillera de los Andes, en los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Junìn, Huánuco, Cerro de Pasco, Ayacucho, Cuzco, Puno y Madre de Dios.
Un informe del Senado de la República afirmo que la superficie cultivada de coca en forma legal en el país era:
1980, de 17 mil 862 hectáreas, mientras que la superficie ilegal alcanzaba 50 mil hectáreas, de las cuales 10 mil hectáreasestaban en el Alto Huallaga.
1986, si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Tocache (FEDIPT), los cultivos ilegales de coca, sólo en el Alto Huallaga, alcanzaban 195 mil hectáreas. De otra parte, si en 1980 el ingreso proveniente de esta actividad en el país se calculaba que provenía en un 97% del comercio de la PBC bruta, el 0.6% por PBClavada y el 2.4% del clorhidrato de cocaína, siete años después se calculaba la PBC bruta en un 13.5%, la PBC lavada en 80% y el clorhidrato de cocaína en 6.5. Según algunos analistas, este crecimiento se explica por la transformación progresiva de campesinos cultivadores de coca en campesinos maceradores de pasta básica.




2. Políticas antidrogas en el Perú

El cumplimiento de acuerdoscon el gobierno norteamericano y en concordancia con normas internacionales, el Estado peruano impulsó, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, una política de combate al narcotráfico a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial, convirtiéndose los productores campesinos de hoja de coca en el principal blanco de esta política que afectó la actividad económicafundamental de amplios sectores de productores del Huallaga.
Desde la promulgación en 1978 del Decreto Ley 22095 dirigido a combatir el narcotráfico, el Perú no sólo puso en vigencia un marco legal adecuado, sino también un aparato policial especializado denominado Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), un programa de sustitución de cultivos, la creación de un ente de Control y Reducción del cultivode la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) a cargo del resguardo de los bienes incautados y el COMUCOD, entidad multi sectorial, que se sumaron a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), único ente autorizado a comprar la coca «legal». El financiamiento de este frondoso aparato burocrático, derivado de una concepción policial del problema, implicópara el Estado un alto costo económico y también humano en vidas de funcionarios civiles y policías que murieron en la guerra de la coca, pero los resultados de esta batalla no compensaron de ninguna manera ese alto costo material y humano que implicaba su ejecución.
Además, en los valles cocaleros, las acciones de interdicción policial anti narcóticos se realizaron en el marco de una estrategiade lucha contra insurgente más amplia, con diversos impactos sociales y políticos sobre la población local, originados por el accionar de los diversos actores presentes en las regiones cocaleras de la Selva Alta: (i) los grupos armados (PCP-SL y MRTA); (ii) los organismos de seguridad del Estado encargados de combatirlos, primero la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, luego la Policía...