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onsidero que la importancia en el estudio del Derecho Electoral en América Latina, va más allá de reconocerlo como una nueva rama de las Ciencias Jurídicas -endiscusión en distintas academias y foros de nuestros países- y se afinca en la necesidad de consolidar el conocimiento, difusión y observancia de los principios, las normas y losprocedimientos que informan los valores y prácticas de la democracia.
Si la democracia llegó para quedarse en nuestro continente, se vuelve una obligación para losactores políticos, los administradores y operadores de los sistemas electorales y para los formadores de profesionales que trabajan en este campo, conocer el universo queregula las instituciones y mecanismos de interacción de los sistemas, procesos y eventos electorales.
De esta manera, se estaría garantizando una mayor transparencia ycerteza de los resultados en el ejercicio del sufragio activo o pasivo, cuando de trate de la integración de los cuerpos electivos; al igual que la toma de decisionescolectivas, en el caso de consultas populares; al ser organizados dichos procesos, por funcionarios que conocen y aplican ese marco jurídico institucional de maneraprofesional.
Esta necesidad de dotarse de reglas claras en el juego democrático, que asegure contiendas equitativas en la disputa por el poder político, está interiorizada en laconciencia colectiva de los latinoamericanos. Desde que se inició la transición a la democracia, los países comenzaron a nombrar autoridades electorales relativamenteindependientes e imparciales, que organizaron elecciones más o menos libres y competitivas, se establecieron registros especiales para identificar a los electores, etc.