La caida de
Páginas: 8 (1974 palabras)
Publicado: 31 de mayo de 2011
ANALISIS
DEBIDO PROCESO
SENTENCIA C-835 DE 2003
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003).
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
INTEGRANTES:
ANGELA JOHANNA MOLINA CAÑON
ENRIQUE TORRES CRUZ
DEBIDO PROCESO
El debidoproceso busca proteger a los administrados frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando el respeto a las formas propias de cada juicio.
El artículo 29 de la Constitución Política lo consagra “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”, señalando que ninguna actuación de las autoridades dependerá de su propio arbitrio, sino que se encontrarán sujetas a losprocedimientos señalados en la ley.
De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio .
La Corte se hamanifestado en relación al debido proceso señalando:
“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) yen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; lacompetencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada procesosegún sus características” (Corte Constitucional, sentencia T-460 de 1992, Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo)
SE DA APLICACIÓN EN LA SENTENCIA AL PRINCIPIO
El demandante afirma que los artículos 19 y 20 de la ley 797 de 2003 son contrarios a los artículos 29 y 89 de la constitución.
El articulo 19 porque autoriza a la administración a revocar directamente actosadministrativos sin el consentimiento expreso y claro del titular del derecho o la prestación reconocidos, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual los actos que generen situaciones jurídicas concretas solo pueden ser revocados si es manifestado un consentimiento de tales características.
Y el artículo 20, en primer lugar, porque no se modificóexpresamente el código contencioso administrativo en lo atinente al recurso extraordinario de revisión, sino que a través de una ley distinta se autorizó a determinadas autoridades para solicitar la revisión y, con ello, para erosionar el principio de cosa juzgada, y en segundo término, porque la solicitud la puede hacer la autoridad sin ser parte del respectivo proceso judicial.
Es evidente que lasentencia objeto de estudio dio aplicación al debido proceso por cuanto estableció de manera muy clara y reiterativa que para poder efectuar la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto que creen derechos se deberá agotar el procedimiento establecido en el articulo 74 del Código contencioso Administrativo pese a que se cuente o no con el consentimiento del...
DEBIDO PROCESO
SENTENCIA C-835 DE 2003
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil tres (2003).
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
INTEGRANTES:
ANGELA JOHANNA MOLINA CAÑON
ENRIQUE TORRES CRUZ
DEBIDO PROCESO
El debidoproceso busca proteger a los administrados frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando el respeto a las formas propias de cada juicio.
El artículo 29 de la Constitución Política lo consagra “para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”, señalando que ninguna actuación de las autoridades dependerá de su propio arbitrio, sino que se encontrarán sujetas a losprocedimientos señalados en la ley.
De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio .
La Corte se hamanifestado en relación al debido proceso señalando:
“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) yen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; lacompetencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada procesosegún sus características” (Corte Constitucional, sentencia T-460 de 1992, Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo)
SE DA APLICACIÓN EN LA SENTENCIA AL PRINCIPIO
El demandante afirma que los artículos 19 y 20 de la ley 797 de 2003 son contrarios a los artículos 29 y 89 de la constitución.
El articulo 19 porque autoriza a la administración a revocar directamente actosadministrativos sin el consentimiento expreso y claro del titular del derecho o la prestación reconocidos, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual los actos que generen situaciones jurídicas concretas solo pueden ser revocados si es manifestado un consentimiento de tales características.
Y el artículo 20, en primer lugar, porque no se modificóexpresamente el código contencioso administrativo en lo atinente al recurso extraordinario de revisión, sino que a través de una ley distinta se autorizó a determinadas autoridades para solicitar la revisión y, con ello, para erosionar el principio de cosa juzgada, y en segundo término, porque la solicitud la puede hacer la autoridad sin ser parte del respectivo proceso judicial.
Es evidente que lasentencia objeto de estudio dio aplicación al debido proceso por cuanto estableció de manera muy clara y reiterativa que para poder efectuar la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto que creen derechos se deberá agotar el procedimiento establecido en el articulo 74 del Código contencioso Administrativo pese a que se cuente o no con el consentimiento del...
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