la cara de la otra colombia

Hoy al Frente Nacional hay que abonarle el hecho de haber puesto fin a las viejas y sangrientas contiendas entre liberales y conservadores, aunque es también incuestionable que no tuvo respuestas adecuadas para resolver las tensiones sociales que la propia lucha bipartidista había invisibilizado, ni para contrarrestar los emergentes proyectos contestatarios, que cada vez eran menos residuales yse iban convirtiendo en determinantes dentro de la dinámica política nacional.

El Estatuto de Seguridad, que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala trató por igual a insurgentes y movimientos sociales, instauró un modelo para manejar el conflicto armado y la protesta social inspirado en los regímenes autoritarios del Cono Sur, pero al igual que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguayfracasó como proyecto hegemónico. En un país como Colombia, con una lucha armada tan larga y compleja, dicho modelo, lejos de prosperar, le inyectaba crecientes bases sociales a la insurgencia.

En 1982 Belisario Betancur intentó un viraje en el enfoque. Sin embargo, el entusiasmo fue pasajero, y como habría de repetirse una y otra vez en las décadas siguientes, mientras unos grupos entraban ennegociación -las Farc, por ejemplo-, otros, como el M-19, arreciaban la guerra. La tragedia del Palacio de Justicia puso en evidencia la fragilidad de una paz fragmentada en un contexto de guerra también fragmentada. A finales de la década de los ochenta los papeles se invirtieron: inesperadamente, el M-19 se sumó a la Constituyente del 91 y fue una de las fuerzas que más la impulsó. Las Farc, porel contrario, volvieron con mayor determinación a la guerra y se ilusionaron con un inminente triunfo militar que las obnubiló políticamente. Se sustrajeron al proceso en medio de mutuas recriminaciones.

Mientras sectores gubernamentales denunciaban que las Farc estaban aprovechando la tregua para rearmarse, el grupo alegaba el incumplimiento de los pactos y, sobre todo, el bloqueo a lasalida política, que se hacía evidente con el exterminio no solo de la Unión Patriótica, sino de dirigentes de todo el espectro político, líderes sociales y activistas de derechos humanos, ante la mirada atónita, cómplice o resignada de amplios sectores de la sociedad y a menudo con la complicidad de aparatos del Estado. En ningún país latinoamericano en guerra una fuerza política fue liquidada deforma tan brutal como lo fue la Unión Patriótica. El conflicto quedó por lo pronto sin puerta de salida.

Los ochenta fueron años de mucho diálogo y de mucha bala, y en medio de esta ambivalencia se gestó el ciclo moderno de la violencia en Colombia, que aún vivimos: el paso de una guerra bipolar, insurgencia-contrainsurgencia, a una guerra múltiple, apoyada cada vez menos en ideologías,alimentada por el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Así se llegó a una guerrilla rica y poderosa pero no seductora, como pudo serlo en otras latitudes. Su poder militar era ahora inversamente proporcional a su legitimidad social y a su capacidad de convocatoria.

De ahí que las acciones guerrilleras dejaran de producir acumulados sociales y generaran, por el contrario, retaliacionesdevastadoras del paramilitarismo, que creció exponencialmente con el apoyo de políticos, empresarios y propietarios desesperados con la extorsión y el boleteo. La agresividad de las guerrillas con la población civil fue responsable en gran medida de un odio social en el que florecieron el paramilitarismo y sus redes criminales. El hombre medio de la ciudad y del campo sintió la presión de lealtadesexcluyentes, que con el tiempo se volvieron sucesivas. La identidad de ese hombre medio con los señores de la guerra -carteles, guerrillas o paramilitares- dejó de ser política y pasó a estar determinada por la supervivencia.

Desde los ochenta comienzan a perfilarse los protagonistas de la escena actual. La violencia múltiple oscureció las autorías, los sellos distintivos, los objetivos y los...