La Carta A Garcia

“IMPUTACIÓN, OBJETO DE PRUEBA y DEBIDO PROCESO”

Por: Iván Guerrero López (*)
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Introducción


La profusa problemática del Derecho Procesal Penal en el espectro nacional actual, tiene diferentes aristas. Se puede afirmar que, hay todavía mucha distancia entre los principios y aspiraciones garantistas y lacruda realidad de la que somos parte día a día y en la que, lamentablemente tenemos que convivir con procesos que transgreden nuestra propia Constitución e incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha cuestionado en repetidas oportunidades el sistema penal y procesal penal peruano. Nadie podría negar que el 80 % de delitos contemplados en el Código Penal, se rigen ahora a través delproceso penal sumario, que es un proceso inconstitucional, fundamentalmente porque no cumple las bases del principio acusatorio porque el mismo Juez que instruye juzga, no existe la debida contradicción ni se cumple el principio de oralidad, empero, centralmente porque no se da la publicidad como garantía a la que se refiere el artículo 139 inciso 4 de nuestra Carta fundamental. En cuanto al procesoordinario, también tiene problemas de inconstitucionalidad porque no asume el principio acusatorio garantista institucionalmente, sino que, continúa por su propia concepción originaria, bajo las riendas de la concepción mixta, es decir, el proceso, acusatorio- inquisitivo. Podría cuestionarse que como Jueces tenemos el poder del control difuso y deberíamos declarar inconstitucionales las normasque así las entendieramos, sin embargo, en este único y exclusivo tema, ello no ha sido posible porque no queremos incrementar el CAOS GENERALIZADO y porque, hemos tenido en cuenta un valioso principio en el derecho moderno: la ponderación de intereses. En muchos otros temas, en la Corte de Junín, se han declarado inconstitucionales determinadas normas y no ha faltado independencia ni entereza paraello, empero, en los temas aludidos, creemos, la solución necesariamente debe ser del Estado y la sociedad civil en su conjunto.


Dentro de esa visión panorámica, abordamos el tema de la imputación de un delito, su relación con el objeto de prueba y el debido proceso. Pretendemos demostrar que, tanto para que el señor Fiscal Provincial pueda formalizar una denuncia como para que el señorJuez Penal pueda abrir instrucción, en realidad no basta que existan los tres requisitos del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, sino además, debe existir un MINIMO DE RAZONABILIDAD. El problema es que, si se formalizan denuncias y se abren procesos penales sin esa mínima y necesaria razonabilidad, se estará forjando carga inútil al sistema de justicia, se afecta el debido proceso yhace padecer al justiciable un martirologio procesal digno de la obra de Kafka en la que el reo nunca sabe con certeza porque está envuelto en un proceso penal. Definir qué se prueba, cómo se prueba, con qué limites se prueba, hasta cuando se prueba, entre otros temas, son la esencia del proceso penal y por ende de la justicia penal.


Abordamos pues éste tema, con el ánimo de enriquecerel debate y la reflexión sobre un tema álgido, que la coyuntura y nuestra realidad lo exigen, fundamentalmente porque existe mucha imprecisión en las denuncias fiscales y ello es fuente de numerosos problemas procesales, situaciones de injusticia y también, caldo de cultivo de la impunidad, incrementando además, el descrédito del sistema de justicia y, obviamente, agudizando la crisis quenuestra sociedad cuestiona.


Nos hemos permitido además, tomar como ejemplo un caso concreto en el que, a propósito de lo expuesto, hemos planteado jurisdiccionalmente esa problemática. Incluiremos las piezas más importantes para una mejor ilustración. Esperando generar el debate que nos pueda conducir a una proficua difusión de la importancia del tema y sobre todo, de los parámetros mínimos...