La Concesión
Páginas: 6 (1453 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2014
La concesión administrativa
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
La concesión administrativa1 es un concepto jurídico de raigambre constitucional, inherente a las acciones de control e intervención económica del Estado, a través de la administración pública, sobre la libertad de actuación de los particulares en relación con bienes –dominio público–, servicios –servicios públicos– y obras–infraestructura pública2–, de titularidad o monopolio público y de contenido económico, respecto de los cuales, mediante decisiones unilaterales –concesiones administrativas– o contratos –negocios jurídicos públicos–, son discrecionalmente dispensados o habilitados aquéllos, concediéndoseles, a su propio riesgo, su mero uso, y en algunos otros casos incluso su goce, que puede traducirse entre otrosen derechos, privilegios o ventajas3 –incluso eventualmente invistiéndolo de funciones públicas administrativas4/5– para explotarlos económicamente6 con el necesario propósito y la inevitable finalidad, en el contexto del Estado social y democrático de derecho, de atender los requerimientos y necesidades propios del interés público o general, en los términos y condiciones establecidos por laadministración, con sujeción a su control y vigilancia, todo de conformidad con las previsiones y exigencias del legislador7.
En cuanto técnica interventora del Estado en la esfera de la libertad de actuación de los asociados, la concesión administrativa es ante todo un instrumento excepcional, con profundas raíces en la evolución de las instituciones administrativas8, que opera de manera exclusiva yrestrictiva respecto de bienes, servicios y obras de titularidad o monopolio público y de claro contenido económico, en los eventos en que la administración decide bajo parámetros discrecionales9 y de conformidad con los marcos materiales definidos en el artículo 365 constitucional10, no asumir directamente su explotación económica, la prestación del servicio o la ejecución de la obra,trasladando la misma a particulares, esto es, escindiendo de sus facultades como titular de bienes, servicios, o ejecutor de obras, las de explotación o gestión económica de los mismos, desprendiéndose de ellas en favor de terceros, pero manteniendo su titularidad, control y vigilancia11/12.
La concesión administrativa se torna entonces dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho enuna adecuada fórmula de explotación de los bienes, servicios y ejecución de obras de titularidad pública con trascendencia económica, esto es, rentables13, y que mediante su explotación puedan implicar no solo la recepción de respuestas de satisfacción para las necesidades de la comunidad sino también la posibilidad de remuneración para los particulares que se involucren con el Estado, mediante laretribución de su actividad14 de conformidad con los modelos y fórmulas económicos previamente definidos de manera técnica, adecuada, proporcional, racional y ponderada15.
La vinculación de la figura de la concesión administrativa a la problemática interventora del Estado y la consecuente exigencia de que la explotación de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras, detitularidad pública, que han de ser concesionados, se caractericen por su ostensible contenido económico, provienen jurídicamente del desarrollo coherente y articulado de las cláusulas constitucionales del Estado social y democrático de derecho16, en su interrelación material y necesaria con los postulados constitucionales de la libertad de empresa e iniciativa individual y privada17/18, que al seractivadas por la administración, en procura de la satisfacción de los intereses públicos y generales, mediante la desagregación de sus facultades y poderes de gestión, explotación o ejecución directa de los bienes, servicios u obras de su titularidad, trasladando la misma al sector privado, dinamiza la economía y el mercado, incentiva y acelera la productividad y la generación de riqueza, facilita la...
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
La concesión administrativa1 es un concepto jurídico de raigambre constitucional, inherente a las acciones de control e intervención económica del Estado, a través de la administración pública, sobre la libertad de actuación de los particulares en relación con bienes –dominio público–, servicios –servicios públicos– y obras–infraestructura pública2–, de titularidad o monopolio público y de contenido económico, respecto de los cuales, mediante decisiones unilaterales –concesiones administrativas– o contratos –negocios jurídicos públicos–, son discrecionalmente dispensados o habilitados aquéllos, concediéndoseles, a su propio riesgo, su mero uso, y en algunos otros casos incluso su goce, que puede traducirse entre otrosen derechos, privilegios o ventajas3 –incluso eventualmente invistiéndolo de funciones públicas administrativas4/5– para explotarlos económicamente6 con el necesario propósito y la inevitable finalidad, en el contexto del Estado social y democrático de derecho, de atender los requerimientos y necesidades propios del interés público o general, en los términos y condiciones establecidos por laadministración, con sujeción a su control y vigilancia, todo de conformidad con las previsiones y exigencias del legislador7.
En cuanto técnica interventora del Estado en la esfera de la libertad de actuación de los asociados, la concesión administrativa es ante todo un instrumento excepcional, con profundas raíces en la evolución de las instituciones administrativas8, que opera de manera exclusiva yrestrictiva respecto de bienes, servicios y obras de titularidad o monopolio público y de claro contenido económico, en los eventos en que la administración decide bajo parámetros discrecionales9 y de conformidad con los marcos materiales definidos en el artículo 365 constitucional10, no asumir directamente su explotación económica, la prestación del servicio o la ejecución de la obra,trasladando la misma a particulares, esto es, escindiendo de sus facultades como titular de bienes, servicios, o ejecutor de obras, las de explotación o gestión económica de los mismos, desprendiéndose de ellas en favor de terceros, pero manteniendo su titularidad, control y vigilancia11/12.
La concesión administrativa se torna entonces dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho enuna adecuada fórmula de explotación de los bienes, servicios y ejecución de obras de titularidad pública con trascendencia económica, esto es, rentables13, y que mediante su explotación puedan implicar no solo la recepción de respuestas de satisfacción para las necesidades de la comunidad sino también la posibilidad de remuneración para los particulares que se involucren con el Estado, mediante laretribución de su actividad14 de conformidad con los modelos y fórmulas económicos previamente definidos de manera técnica, adecuada, proporcional, racional y ponderada15.
La vinculación de la figura de la concesión administrativa a la problemática interventora del Estado y la consecuente exigencia de que la explotación de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras, detitularidad pública, que han de ser concesionados, se caractericen por su ostensible contenido económico, provienen jurídicamente del desarrollo coherente y articulado de las cláusulas constitucionales del Estado social y democrático de derecho16, en su interrelación material y necesaria con los postulados constitucionales de la libertad de empresa e iniciativa individual y privada17/18, que al seractivadas por la administración, en procura de la satisfacción de los intereses públicos y generales, mediante la desagregación de sus facultades y poderes de gestión, explotación o ejecución directa de los bienes, servicios u obras de su titularidad, trasladando la misma al sector privado, dinamiza la economía y el mercado, incentiva y acelera la productividad y la generación de riqueza, facilita la...
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