la constitucion

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO
SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Fernández Ortega y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”,
“la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Diego García-Sayán, Presidente;Leonardo A. Franco, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez;
Eduardo Vio Grossi, Juez, y
Alejandro Carlos Espinosa, Juez ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de laConvención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la
Convención”) y con los artículos 30, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la
Corte1 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

1
Conforme a lo dispuesto en el artículo 79.1 del Reglamento de la Corte que entró en vigencia el 1
de junio de 2010 “[l]os casos contenciosos que ya sehubiesen sometido a la consideración de la Corte antes
del 1 de enero de 2010 se continuarán tramitando, hasta que se emita sentencia, conforme al Reglamento
anterior”. De tal modo, el Reglamento de la Corte mencionado en la presente Sentencia corresponde al
instrumento aprobado por el Tribunal en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de
noviembre de 2000, y reformadoparcialmente en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19
al 31 de enero de 2009.

2

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 7 de mayo de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61
de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a laCorte una
demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o
“México”), originada en la petición presentada el 14 de junio de 2004 por Inés
Fernández Ortega (en adelante “la señora Fernández Ortega” o “la presunta víctima”),
la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (en adelante también“Tlachinollan”). El 21
de octubre de 2006 la Comisión Interamericana emitió el Informe de Admisibilidad No.
94/06 2 y el 30 de octubre de 2008 aprobó el Informe de Fondo No. 89/08, en los
términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de
recomendaciones para el Estado3. Este último Informe fue notificado a México el 7 de
noviembre de 2008 y se le concedió un plazo de dos mesespara comunicar las
acciones emprendidas para implementar las recomendaciones. El 12 de diciembre de
2008 el Estado presentó un informe preliminar y solicitó una prórroga para cumplir con
las recomendaciones señaladas. El 5 de febrero de 2009 la Comisión informó al Estado
que concedió la prórroga solicitada por el plazo de tres meses. El 20 de abril de 2009
México presentó un informe finalsobre el estado de cumplimiento de las
recomendaciones. La Comisión Interamericana sometió el caso al Tribunal, “[t]ras
considerar la información aportada por las partes en relación con la implementación de
las recomendaciones contenidas en el [I]nforme de [F]ondo, y tomando en
consideración la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las
mismas”. La Comisión designó comodelegados al entonces Comisionado Florentín
Meléndez y a su Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, y como asesores legales a la
Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, y a los abogados Isabel
Madariaga, Juan Pablo Albán Alencastro, Rosa Celorio y Fiorella Melzi, especialistas de
la Secretaría.
2.
Según indicó la Comisión Interamericana, la demanda se refiere a la supuesta...