La crisis
En la madrugada del 20 de agosto el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera
con Colombia por 72 horas en el estado Táchira, que limita con el departamento de Norte de
Santander. Poco después, este cierre fue extendido de manera indefinida.
Las autoridades venezolanas tomaron la medida después de un atentado que causó la muerte de tres militares y un civil, con la intención de bloquear una posible salida de los atacantes.
También decidieron decretar el estado de excepción en diez municipios del estado Táchira, una
medida que ha sido duramente criticada por los defensores de derechos humanos.
El gobierno del presidente Maduro cree que con esto conseguirá movilizar a su favor a la
población en estos momentos de crisis y de antesala electoral Se ha sabido que el chavismo quiere cerrar la frontera en otras zonas contiguas con Colombia, y
es probable que el gobierno de Maduro amplíe la cobertura de las medidas a los estados Zulia,
Apure y Amazonas, y continúe con la política de cierre de fronteras por varias semanas más.
Como era de esperarse, la crisis provocada por las acciones del gobierno venezolano es motivo de angustia para los pobladores de la vecindad colombovenezolana. El verdadero drama de
esta historia lo han padecido los habitantes de la frontera que viven en un lado y trabajan o
estudian en el otro y utilizan los servicios de ambos lados. Todo esto sin contar los perjuicios
que se le causa al continuo tránsito de venezolanos a Colombia o de colombianos a Venezuela por razones turísticas o comerciales.
Las reacciones
El gobierno de Colombia no se ha quedado con los brazos cruzados. El presidente Santos envió
a los ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores a la frontera con Venezuela y ha
reclamado un mejor trato para sus nacionales.
El gobierno colombiano ha orientado su respuesta hacia la protección de los derechos humanos y el recibimiento de los expulsados de Venezuela: ha ofrecido ayuda humanitaria a los
deportados y ha presionado al gobierno bolivariano para que estos puedan recoger sus enseres
o a sus familiares al otro lado de la frontera y puedan dejar resueltos sus asuntos en Venezuela.
En Colombia el tema se ha convertido en punto caliente en la agenda política y todo el mundo quiere sacarle provecho a la situación. El presidente Santos ha tratado de mantenerse en el
límite de la diplomacia, pero no lo han hecho así varios dirigentes políticos colombianos, que
han “aprovechado” la crisis para criticar lo que estiman es una posición pasiva del presidente
colombiano frente a las “arbitrariedades” venezolanas.
Mientras el expresidente Gaviria ha pedido que Colombia se retire de UNASUR, el expresidente Uribe dice que Santos debe romper relaciones con Venezuela y el expresidente Pastrana pide
que se detengan las negociaciones de paz con las FARC mientras Venezuela sea facilitadora de
las mismas.
Por su parte, el también expresidente Samper se ha manifestado en torno al caso (desde su
posición como secretario de UNASUR), tratando de propiciar el diálogo entre los dos gobiernos y acusando a los paramilitares colombianos de la situación crítica. Esta actitud ha sido vista en
Colombia (y en Venezuela) como una clara manifestación a favor de las tesis del gobierno de
Maduro.
La oposición venezolana se deslindó del gobierno, advirtió sobre la posibilidad de que esta sea
una cortina de humo para aplazar elecciones del próximo diciembre y no ha dejado de denunciar
como errada la conducta de Maduro. Aunque el resto de los países de la región deben de estar preocupados por la situación, no han
mostrado intención de involucrarse.
El “trapo tojo” de la política
venezolana
En esta situación el problema no solo radica en el cierre de la frontera y el decreto de estado de
excepción en algunos municipios del Táchira, sino también en la interpretación sesgada que han ...
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