la demanda

.  La demanda
 
Según el demandante, el aparte acusado del literal e) del artículo 401 vulnera los artículos 29 y 39 de la Constitución, al permitir que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convierta en juez y parte, “toda vez que no está restringido ni prohibido por la Carta Política el que empleados públicos militantes en la planta de personal de éste constituyan organizacionessindicales, lo cual lo convertiría automáticamente en el empleador y en el potencial interesado en su disolución”. Además, considera el actor que es muy difícil garantizar la imparcialidad debida en la disolución de sindicatos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, por pertenecer dicho Ministerio a esta última.
 
Por otra parte, la expresión “o quien demuestre interés jurídico” permite que elempleador, público o privado, “se erija también en juez y parte, al tiempo que permite una intromisión no deseada en el seno de la respectiva organización”, pues puede suceder que éste, a través de la intimidación o por medio de la desvinculación masiva de empleados, disminuya el número de miembros para que pueda subsistir el sindicato y luego sea él mismo quien “demuestre interés jurídico” parasolicitar la disolución de aquél, lo que repugna al ejercicio del derecho a la asociación sindical y al debido proceso.
 
En consecuencia, el actor solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre interés jurídico” o, en subsidio de lo anterior, se declare la exequibilidad condicionada, “siempre y cuando seentienda que en ningún caso el empleador puede demostrar interés jurídico para demandar la disolución del sindicato que tiene influencia para con su empresa o entidad.”
 
4.2.  Concepto del Procurador General de la Nación
 El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico” contenidaen la norma acusada, al no encontrarla contraria a la Constitución, toda vez que las causales de disolución de los sindicatos son señaladas por el legislador y no por el empleador. De tales causales “sólo la última (reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco) podría interpretarse que es el empleador el que puede dar lugar a ella, cuando a través de prácticas ilegales logra lareducción del número mínimo de miembros por debajo de los límites señalados en la ley. Sin embargo, dicha causal es objetiva y otro será el tratamiento que el legislador ha regulado para impedir que sea la conducta del empleador la que dé origen a la configuración de dicha causal (...) Además, no es el empleador y ni siquiera la autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo quien toma ladecisión final sobre la disolución del sindicato, la decisión es tomada por el juez laboral, de conformidad con el propio artículo 401 que se demanda.”
 
4.3.  El problema jurídico planteado
 La Corte debe determinar si la norma demandada, al consagrar que el Ministerio de Trabajo o quien demuestre interés jurídico pueden solicitar al juez laboral declarar la disolución de un sindicato, losfaculta para intervenir ilegítimamente en dicha disolución.
 
4.4. Consideraciones de la Corte
 En primer lugar, la Corte encuentra que la norma demandada no contradice la regla según la cual todos los trabajadores, salvo los miembros de la Fuerza Pública, tienen derecho a constituir la organización que estimen conveniente, así como el de afiliarse, abstenerse de hacerlo y desafiliarse de lamisma, sin intervención del Estado. Así pues, de ningún modo restringe el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y, en caso de constituirse debidamente una organización sindical, goza de todas las garantías consagradas en la Carta Política y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, sobre las cuales se ha hecho amplia referencia en esta sentencia.
 En segundo lugar, la...