La ejecución de sentencia contra el estado

La Ejecución de la Sentencia de Condena contra el Estado
SUMARIO.
Nuestro artículo está basado en la importancia de la responsabilidad jurídica del Estado frente a los intereses de los particulares, los instrumentos legales que brinda el Derecho Público a éstos últimos a fin de poder reclamar el resarcimiento del daño causado por una conducta lesiva originada por actos o hechos administrativosemanados de los servidores públicos y el correspondiente trámite para solicitar la ejecución de la sentencia cuando el Estado ha sido condenado.

En nuestros inicios como República la responsabilidad civil del Estado por acciones u omisiones lesivas de derechos de las personas, era exigible ante los tribunales ordinarios, con un procedimiento igual al utilizado para las reclamaciones oconflictos entre particulares.
Bajo la influencia de las legislaciones extranjeras como la colombiana y la francesa, se incorpora en nuestra legislación un procedimiento diferente en razón el daño infligido a un particular producto del servicio público prestado en forma irregular o causado por actuación material arbitraria de la Administración, o que, siendo lícita, produce daños a un sujeto de derecho;esta condición hace renacer el sistema contencioso administrativo panameño.
Atendiendo la premisa anterior, en virtud del principio clásico de la separación de poderes, deshacer un acto administrativo o anular la actuación de un órgano de la Administración no era posible realizarse en la jurisdicción ordinaria, a través de los tribunales civiles; de darse esta situación podría significar bajo elprecepto constitucional, la intromisión de un órgano (el judicial) en los asuntos o competencia de otro (el administrativo o ejecutivo).
No existió, pues, en Panamá durante las primeras cuatro décadas como Estado soberano, un juez natural que sometiera a los rigores de la legalidad las actuaciones u omisiones de la Administración, mediante el control o revisión de sus actos; por ello no fue hastala Constitución de 1941 que esta situación cambia, dando apoyo constitucional a la jurisdicción contencioso administrativa, que desde inicios tienen el rango de garantía fundamental, mediante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual fue adscrito a la Corte Suprema de Justicia en 1956, conforme con las reformas hechas a la Constitución de 1946; específicamente en los artículos 190,191 y 192, los cuales instituían la citada jurisdicción pero sin referirse expresamente al concepto de responsabilidad pública.
Surge entonces la Ley 135 de 1943, reformada posteriormente y hoy día junto con el Código Judicial vigente y la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 38 del 2000, aunado a las normas de la Constitución vigente, son la fuente legal del régimen contencioso administrativopanameño.
La Jurisdicción Contencioso Administrativa está adjudicada por orden constitucional al Órgano Judicial, según lo establece el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Nacional y desarrollada por orden legal por la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, según lo establece el artículo 97 del Código Judicial de Panamá, el cual dice así: “A la SalaTercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomaso semiautónomas. …”
Colige de lo anterior, que el Estado, según lo establece la doctrina, ha sido considerado con el pasar de los años, como un ente sujeto de adquirir compromisos y por ende, debe cumplir sus obligaciones, en razón del servicio que brinda o bien, por la ejecución de las funciones de los colaboradores que ejercen la administración de la gestión pública, quienes por la...