La ejecutoriedad del acto administrativo

La Ejecutoriedad del Acto Administrativo



Por Jorge Luis Salomoni


1. Introducción.

Para comenzar afirmaré que, cuando se menciona a la “ejecutividad”, “ejecutoriedad” y “ejecución forzada” del acto administrativo, se hace referencia a una de las instituciones que constituye, a su vez, una de las mayores preocupaciones teóricas y prácticas desde los albores de la construccióndel Derecho Administrativo.


Y ello en función de varias cuestiones: en cuanto al fundamento de legitimidad de tal prerrogativa; a la determinación conceptual de cada término, ya que ha llevado un inmenso esfuerzo semántico establecer de qué se trata la “ejecutividad”, “ejecutoriedad” y la “ejecución forzosa”; a los alcances y límites jurídicos de cada uno de estos términos; a lageneralidad o excepcionalidad en la constitución del acto.


Pero a su vez esta institución nos reconduce al reconocimiento de una doble prerrogativa que se le asigna a la administración pública, que consiste por un lado, en la potestad de decisión unilateral previa, la denominada “autotutela declarativa”, y por otro lado, la autoejecución de la misma prerrogativa, esto es, la denominada“autotutela ejecutiva”.

La mirada histórica y comparada de esta institución, primordialmente continental europea, nos muestra un intento desesperado de resolver esta cuestión a través de doctrinas, normas y jurisprudencia, inmersas en la terrible tensión producida por el desmonte del Estado regio y la implantación efectiva del Estado de Derecho.

Nuestro país ha sido tributario directo yperplejo de esta evolución, aún con un ordenamiento constitucional y legal, en la primer etapa de la Organización Nacional, distinto radicalmente a los ordenamientos y doctrinas desde donde se produjo tal evolución. Sobre los acontecimientos pasados no hay remedio posible desde el presente.

Pero considero que resulta muy importante aprender del pasado. Sobre todo para no incurrir en el errorhistórico de analizar nuestro ordenamiento jurídico a través de lentes prestados por otros observadores de otras realidades ideológicas y normativas. Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo para la totalidad de las instituciones jurídico administrativas, ese error nos ha llevado a prescindir, la mayoría de las veces, del propio ordenamiento al que teóricamente estudiábamos.

Por ello partiré enmi análisis, de las normas incorporadas en la Constitución por la reforma de 1994 que produjeron, en mi opinión, una verdadera revolución jurídica cuyos alcances no hemos terminado de discernir, y por lo tanto, de incorporar culturalmente como un nuevo orden jurídico. Y ello fundamentalmente con relación al derecho administrativo y a lo que podríamos denominar sus bases de legitimidad.

Y estenuevo orden jurídico se produce fundamentalmente a través de la incorporación al plexo constitucional de diversos Tratados de Derechos Humanos, de sus normas y de las particulares reglas hermenéuticas sentadas por los distintos Tribunales supranacionales que juzgan, en última instancia, esos derechos.

Voy a sostener, entonces, que el artículo 12 de la ley nacional de ProcedimientosAdministrativos, y por ende cualquier ley procedimental local, debe ser integrado, en su interpretación y aplicación, con las normas y hermenéuticas provenientes de la Convención Americana de los Derechos Humanos que impide la fuerza ejecutoria del acto administrativo como principio genérico, y aún impide la ejecutividad del acto –obligatoriedad en la terminología de González Pérez y Cassagne- y, por ende lano suspensión, ante la interposición de recursos administrativos por los particulares.


2.- La construcción continental europea.


Para el análisis que me propongo, debo hacer una sintética mención a la construcción histórica continental europea para que se pueda comprender, de alguna manera, que cuando importamos acriticamente doctrinas jurídicas se nos producen grandes...