La inejecucion de sentencias internacionales en venezuela

LA INEJECUCION DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA (1999 – 2009)

INTRODUCCIÓN

El 4 de diciembre de 2008, los abogados del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (Procuraduría General de la República) presentaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una «acción de control de la constitucionalidad»contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos («Corte Interamericana», «Corte IDH» o «Corte») de fecha 5 de agosto de 2008 [caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela)1. Pocos días después, el 18/12/08 esa Sala Constitucional dictó la sentencia 1,939 mediante la cual declaró «inejecutable» la sentencia de la Corte Interamericana y, además, decidió solicitarle «al Ejecutivo Nacionalproceda a denunciar este Tratado o Convención, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el fallo objeto de la presente decisión» (resaltado añadido)2.
Esta sentencia no es un hecho aislado, es la culminación de una serie de decisiones anteriores adoptadas desde el año 2000 por la Sala Constitucional del TSJ, en las que sefue desarrollando la tesis del control de la constitucionalidad por dicho Tribunal de las sentencias emanadas de los tribunales internacionales, en especial de la Corte IDH, con el objeto de «controlar» su conformidad con la Constitución antes de poder proceder a su ejecución en el derecho interno.
A pesar de los principios y las normas de orden público de derecho internacional, a pesar delas normas expresas de los tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos («CADH») y a pesar de las normas expresas contenidas en la propia Constitución de Venezuela, el TSJ desde muy temprano ha venido descalificando las decisiones de los órganos de protección internacional de los derechos humanos, en nombre de la independencia, la soberanía nacional y la supremacía constitucional.Se trata de una tesis jurisprudencial que no sólo representa una clara y flagrante violación del derecho internacional sino del propio derecho constitucional venezolano; y que equivale a la denuncia de dichos tratados.
En efecto, la ejecución de las sentencias internacionales y en particular las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos, como es el caso de la CorteIDH, es un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva.
La ejecución de la sentencia ha sido llamada «la hora de la verdad de la sentencia», para determinar su verdadero valor y efectos. En el ámbito de las altas cortes constitucionales se ha venido despertando un verdadero interés por darle efectividad a la jurisdicción internacional de los derechos humanos3. Ya desde 1995 laCorte Constitucional de Colombia había expresado que «la fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos está garantizada por el control que sobre su efectividad ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos»4; por lo que dicha Corte no sólo no encontró «ninguna objeción constitucional a estos mecanismos internacionales de protección», sino que los declaró compatibles con la soberaníaya que «representan un avance democrático indudable» y «son una proyección en el campo internacional de los mismos principios y valores [de la dignidad humana, libertad e igualdad] defendidos por la Constitución»5.
Por ello no es concebible que las partes tengan derecho a litigar un caso, y que la parte perdedora tenga el derecho, o más bien el privilegio, de no cumplir con lo decidido. Lajusticia judicial se realiza por medio de la acción, el proceso, la sentencia y su ejecución. La fuerza de la verdad legal contenida en una sentencia es susceptible de ser ejecutada; y la parte condenada tiene el deber no sólo de no obstaculizar, sino de ejecutar las obligaciones de dar, hacer o no hacer a las que han sido determinadas en el fallo.
En el Derecho Constitucional, ese derecho a...