LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES DEL ESTADO

LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES DEL ESTADO
El estudio de la jurisprudencia nacional en torno a la inembargabilidad de los bienes del Estado  debe, indefectiblemente, dividirse en tres momentos. En un primer momento, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana entendió que, los bienes del Estado, cual que sea su naturaleza, son inembargables por no ser susceptibles de enajenaciónforzosa. En un segundo momento, la nombrada decidió que existen dos masas de bienes propiedad del Estado, los bienes de Dominio Público (inembargables) y los de Dominio Privado (embargables).
En un tercer y último momento, se inclinó por establecer que un bien no puede ser sustraído del embargo de sus acreedores, excepto si la ley lo declara inembargable o permite a su propietario conferirle esacalidad.
Dichos momentos comprenden desde el año 1964 hasta hoy. Pasaremos, en este sentido, a presentar los principales argumentos que sostienen cada momento.
El principio de inembargabilidad de los bienes del Estado se consagra por primera vez en la Ley 1494 del año 1947 que instituyó la jurisdicción contenciosa-administrativa, la cual en su artículo 45 establecía lo siguiente: En ningún caso, sinembargo, las entidades públicas podrán ser objetos de embargos, secuestros o compensaciones forzosas, ni el Tribunal podrá dictar medidas administrativas en ejecución de sus propias sentencias.  
A partir de ahí, el grueso de la jurisprudencia se inclinaría por favorecer este precepto legal. Así, tenemos que en el año 1964, la Suprema Corte de Justicia, en un expediente en el que estaba implicadoel Estado Dominicano como recurrente, casó la sentencia de la Corte que rechazó por tardía la demanda en nulidad de embargo inmobiliario intentada por éste pues el alto tribunal judicial entendió que al rechazar la Corte la demanda por tardía, admitió la procedencia de esa vía de ejecución en contra de él: “Considerando que sustancialmente, los bienes patrimoniales del Estado están sometidos alderecho privado, son susceptibles, en principio, de idénticas cargas que los bienes particulares, pudiendo enajenarse y prescribir; pero no son susceptibles de embargo, en razón de que la situación especial de la Administración Pública no tolera el embargo por sus acreedores de los procedimientos de ejecución del derecho común; que este es un asunto que interesa al orden público y puede ser invocadoen todo estado de causa, y aun ser suplido de oficio por el juez” (Sentencia de fecha 7 de agosto del 1964, B. J. 649, pág. 1200)
Así las cosas, se repetiría este criterio en sentencias posteriores como la dictada en ocasión de un recurso de casación interpuesto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en contra del Dr. A. L. S. S.: “Considerando, que ciertamente, como lo sostiene larecurrente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una entidad pública del Estado, de carácter autónomo, y que, por tal razón no puede válidamente ser objeto de ningún embargo de la naturaleza que fuere; que el principio de que las entidades públicas que no sean empresas establecidas con fines lucrativos no son embargables, es parte de nuestro derecho público desde tiempo inmemorial en nuestropaís; que, para desterrar toda duda o debate acerca de ese punto, la Ley 1494, promulgada el 2 de agosto de 1947, incluyó en su texto el artículo 45, según el cual las entidades públicas en ningún caso puede ser objeto de embargos, secuestros ni compensaciones forzosas; que, por tanto el segundo medio del recurso debe ser acogido y la sentencia impugnada debe ser casada en todo lo confirmado porella respecto a ese embargo, por vía de supresión y sin envío, por tratarse de cuestión de puro derecho”. (Sentencia de fecha 5 de noviembre de 1975, B. J. 780, pág. 2081)
Decisiones como las citadas se mantendrían hasta que en el año 1970 en un estudio a ultranza del artículo 45 de la ley 1494, la Suprema Corte de Justicia estableció que: “Considerando que si bien es cierto que el art. 45 de la...