La Lucha Contra la Corrupción Administrativa en el Estado Participativo -I-

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO PARTICIPATIVO (I)
José Acosta (*)
El primer aspecto que debe plantearse en materia de lucha contra la corrupción
administrativa en la República Bolivariana de Venezuela (RBV), y que conviene traer a
colación en el presente momento histórico y político de la lucha contra uno de los
principales flagelos que afectan el desenvolvimiento efectivo de lagestión pública -junto
al burocratismo, el clientelismo, el nepotismo y el partidismo oportunista, en incluso la
guerra de cuarta generación imperialista, entre otros-, y como consecuencia de ello la
posibilidad creciente de pérdida de credibilidad en el proceso de transformaciones
revolucionarias en marcha en nuestro país; dicho aspecto es la educación para el
consecuente trabajo consciente yel desarrollo de una praxis liberadora asertiva por la
ciudadanía frente a esta problemática de gran complejidad, y su abordaje y resolución
efectiva por el pueblo venezolano.
Por tal motivo, conviene comenzar este tema haciendo un ejercicio conceptual a fin
de intentar precisar de la manera más clara, diáfana y transparente posible la definición
de corrupción administrativa, lo más cercanaa sus dimensiones doctrinaria, legal,
jurisprudencial, humana y hasta técnica, las cuales nos permitan identificar y conocer
con mayor exactitud la naturaleza, características, dimensiones y alcances de este
fenómeno socio-estatal, mencionado en lenguaje coloquial y genéricamente como
corrupción administrativa, fenómeno que afecta negativamente el desenvolvimiento
normal de la gestiónpública, la realización transparente y efectiva de los fines del
Estado, y la gobernabilidad en las condiciones presentes de intento de tránsito
revolucionario del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia actual hacia el
Estado Comunal-Socialista en ciernes.
La corrupción administrativa, palabras más palabras menos, se refiere a la comisión
o realización por parte de funcionarios públicoso particulares vinculados con la
administración, manejo o custodia de fondos o de bienes públicos, y/o dotados de
potestades, competencias y atribuciones asignadas formalmente relacionadas con la
gestión de los asuntos públicos, en cualesquiera de los poderes del Estado o de los
entes públicos adscritos a estos; en ambos casos y como se refería, tales funcionarios
realicen, ejecuten oefectúen actos y hechos u omisiones contrarios a disposiciones
legales o sub-legales prescritas para el desempeño de sus actividades funcionariales, y
motivado a ello ocasionen daños al patrimonio público o afecten en contrario el
cumplimiento de los objetivos, metas y tareas contempladas en los planes, proyectos y
presupuestos, previstos para la satisfacción directa o indirecta de las necesidadesgenerales, colectivas y comunes de la población, el funcionamiento de los servicios
públicos y el desarrollo humano, económico y social de la nación.
Del intento de definición mencionado, se puede afirmar que el abanico de
situaciones irregulares de carácter administrativo en las que pueden incurrir los
funcionarios que desempeñan cargos públicos en la ocasión del ejercicio de sus
funciones, enel sentido que dichas actuaciones puedan considerarse como actos
contrarios al deber ser previsto en leyes, reglamentos, manuales de organización,
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funcionamiento, sistemas, procedimientos y de cargos en las organizaciones públicas,
dicho abanico de situaciones irregulares es tan variado, amplio y diverso como lo son el
igualmente variado, amplio y numeroso caudal de disposicionesnormativas atributivas
de competencias, deberes y responsabilidades, creadas por los órganos legislativos del
Estado Venezolano (Asamblea Nacional, Consejos Legislativos Estadales, Concejos
Municipales), por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus competencias
constitucionales para reglamentar las leyes y/o para legislar por la vía de habilitación
otorgada por la Asamblea Nacional, o bien...