La mayor empresa de transg nicos del mundo sufri un duro golpe en M xico debido a las demandas legales interpuestas por diversas organizaciones civiles que alertan sobre los peligros que entra a el uso de esas semillas

La mayor empresa de transgénicos del mundo sufrió un duro golpe en México debido a las demandas legales
interpuestas por diversas organizaciones civiles que alertan sobre los peligros que entraña el uso de esas
semillas: Los tribunales le frenaron un negocio multimillonario porque aún no ha demostrado la inocuidad de
sus productos. A unos cuantos días de que comience el ciclo de siembra másimportante, el consorcio lucha
en cuatro juzgados para poder inundar casi la mitad del territorio nacional con su maíz modificado
genéticamente.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La empresa productora de transgénicos Monsanto está desesperada: Este mes
comienza el ciclo primavera-verano de siembra en el norte de México y no puede vender sus semillas de maíz
modificado genéticamente. En 2012 solicitó el permisopara distribuirlas en 1 millón 840 mil hectáreas, pero un
juez suspendió el procedimiento y otro ratificó la pausa.
Según productores del cereal, se necesitan aproximadamente 80 mil semillas de maíz para cubrir una
hectárea, y cada bolsa de 60 mil semillas de Monsanto cuesta 3 mil pesos. La utilización de esa simiente
implica además el uso exclusivo del herbicida de la trasnacional Roundup. Asíque el mercado mexicano es
multimillonario para la compañía: Un ciclo de siembra le daría –sólo por venta de semilla– 5 mil 520 millones
de pesos.
Signo de la desesperación de Monsanto es el ataque jurídico que emprendió contra un juez que confirmó la
decisión de frenar los permisos experimentales, piloto y comerciales de maíz transgénico en el país.
Hasta 2012 la Secretaría de Agricultura,Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo
entregó licencias para sembrar granos transgénicos con fines experimentales en superficies de pocas
hectáreas. Pero a partir del 7 de septiembre de ese año el gobierno dio luz verde a las empresas de
biotecnología para solicitar autorizaciones con fines comerciales.
En un año, entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013,diferentes consorcios presentaron
14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico, a distribuirse en 5 millones 973 mil hectáreas de
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur, de acuerdo con datos del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
La suspensión en la entrega de avales fue dictada por primera vez el pasado 17 deseptiembre por el Juzgado
XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones
civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y sociedades
productoras de maíz transgénico.
En el texto de la demanda, cuya copia obtuvo Proceso, los demandantes exigieron al juez una medida
precautoria con el argumento de quemediante la polinización los organismos genéticamente modificados
(OGM) se escapan de las zonas donde los confina la ley, contaminan otras plantaciones y amenazan de esta
manera la diversidad biológica de los maíces en el país. El juez concedió la medida solicitada.
El fondo de la denuncia, empero, aún se discute: Los inconformes piden a la justicia reconocer claramente
que, al expedir permisoscomerciales de siembra de maíz transgénico, se viola la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), instrumento que ordena proteger el grano nativo. En otras
palabras, las organizaciones civiles reclaman la anulación definitiva de la entrega de autorizaciones.

Desde la resolución provisional, la Sagarpa, la Semarnat y las empresas productoras han tratado de cancelar
lamedida. No obstante, diversos fallos judiciales han frustrado sus intentos. Entre ellos se encuentra el que
emitió el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta el pasado 20 de diciembre, al reconocer que la LBOGM
protege al cereal nativo. Puntualizó que la suspensión sólo aplicará mientras dure el juicio.
Marroquín arguyó que la medida precautoria no constituyó un “acto privativo” contra los...