la paz

Ley de Justicia y Paz ó Ley 975 de 2005 dentro de la Legislación de Colombia es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.
Índice [ocultar]
1 Ley de justicia y paz
2Críticas
3 ¿A quiénes cubre la Ley de Justicia y Paz?
4 Véase también
5 Referencias
6 Enlaces externos
Ley de justicia y paz[editar · editar código]

Artículo principal: Conflicto armado en Colombia
En 2002 el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, iniciaron un proceso que diera un marco jurídico en el cual grupos armados al margen dela ley como los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas entregaran las armas y se reintegraran a la sociedad civil en lo que se conoce como la desmovilización.1
En 2003 las Autodefensas Unidas de Colombia firman con el gobierno un acuerdo de desmovilización en el cual 30 mil miembros de esa organización armada y sus comandantes cesan operaciones.1 El gobiernopresentó entonces un proyecto de ley conocido como alternatividad penal que beneficiaba a los armados que se desmovilizaban y confesaban sus crímenes, pero ignoraba a las víctimas. Dicha ley tuvo que ser retirada debido a la presión nacional e internacional.2
Entre 2005 y 2006 el país adopta un marco legislativo que permite la persecución y sentencia de miembros de grupos armados ilegales que sehubiesen acogido a los procesos de desmovilización. Dicha regulación es conocida como la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz...
El 13 de mayo de 2008 algunos de los comandantes de las AUC desmovilizados fueron extraditados a los Estados Unidos para responder en tribunales de ese país por cargos de narcotráfico. La decisión del gobierno de permitir su extradición se basaba en el argumentode que estos seguían delinquiendo desde las cárceles.
Críticas[editar · editar código]

Durante su redacción y trámite, el proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismosdesmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. También se ha criticado el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, han criticado el que la realización de una confesión total no fuera un requisito delproceso, sino que en principio se exija más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.
El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que había que encontrar un balance entre losrequerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación. También se argumentó que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas. El entonces ministro delInterior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría haber constituido una violación a la Constitución vigente, mediante la autoincriminación. El Fiscal General Mario Iguarán declaró que su despacho pretende continuar con todos los procesos que impliquen posibles actividades criminales no confesadas y que se actuará en consecuencia tanto en ese caso...