la practica de ejecuciones extrajudiciales






Las medidas que ha adoptado el Gobierno colombiano a través del Ministerio de Defensa para erradicar la impunidad en el caso de la práctica de ejecuciones extrajudiciales en las filas de las Fuerzas Armadas no son suficientes y aún se mantienen algunas directivas que, de alguna manera, fomentan la comisión de este delito. 
Son diversas las decisiones tomadas desde el año 2007 con lascuales las autoridades colombianas ha pretendido hacerle frente a las ejecuciones extrajudiciales que comprometen particularmente a miembros del Ejército, pero también en menor medida a agentes de la Policía Nacional y a otros organismos de seguridad.
Buena parte de las medidas adoptadas se encuentran consignadas en las directivas 010, del 6 de junio de 2007; 019, de noviembre de 2007; y 300 – 28de noviembre de 2007. Con ellas se decidió la creación de un comité de seguimiento a denuncias sobre casos de presuntos homicidios en personas protegidas y darle apoyo a las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar. Está integrado por los comandantes de cada una de las Fuerzas de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, la Dirección de la Justicia Penal Militar y el encargadodel Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.  

Sin embargo, esta medida genera críticas por cuanto es claro que se están otorgando funciones que serían del resorte de las autoridades jurisdiccionales ordinarias y terminan encabezadas por funcionarios que carecen de competencia, como por ejemplo que sea un comandante de Brigada o Batallón quien defina cuando un asuntosea tramitado por la jurisdicción civil o militar.
Otra de las medidas adoptadas es la suscripción de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para garantizar que en los casos de ejecuciones extrajudiciales sea la Fiscalía quien asegure la prueba, la cadena de custodia y realice las primeras diligencias en el lugar de los hechos. 
Peroallí subyace un problema de fondo: la Fiscalía depende del Ejército para garantizarle la seguridad a sus funcionarios en el acceso al lugar donde se cometa el hecho delictivo, lo que mina la independencia para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, con la aplicación del nuevo sistema penal, establecido en la Ley 906 de 2004, las primeras diligencias judiciales las practica la Policía Judicial, laque en muchos sitios del país es ejercida por la Policía Nacional que es un órgano dependiente de la rama Ejecutiva.



En otro tipo de medidas, se promueven reformas institucionales que refuerzan la jurisdicción penal militar y otorgan privilegios a los  militares involucrados en investigaciones penales  y disciplinarias. Entre ellas se destacan el trámite en el Congreso de un proyecto dereforma constitucional que busca incorporar la justicia penal militar a la Rama judicial del poder público; sin embargo, mantiene la competencia de las investigaciones en militares y policías activos o en retiro para con el fin de resguardar el fuero penal militar.
A lo anterior se suman reformas como la del Código Penal Militar, para adecuarlo al sistema penal acusatorio. Para tal fin se creará unaFiscalía General Penal Militar, un Cuerpo Técnico Penal Militar y una defensoría técnica militar, con lo cual se crea un sofisticado sistema judicial para la investigación de delitos relacionados con el servicio.
Este tipo de estructuras no sólo representan altos costos para el país en términos económicos, sino que, contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se incorporan crímenesque constituyen violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario como tipos penales investigados por la Justicia Penal Militar, entre ellos delitos contra la población civil tales como saqueos, requisición, exacción, contribuciones ilegales y devastación, y violaciones de los derechos humanos como amenazas a testigos, destrucción y ocultamiento de...