La Presuncion De Legalidad De Los Actos Administrativos Y De Validez De Los Contratos Estatales En Las Acciones Populares
Páginas: 29 (7192 palabras)
Publicado: 8 de enero de 2013
LA PRESUNCION DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VALIDEZ DE LOS CONTRATOS ESTATALES EN LAS ACCIONES POPULARES.[1]
Por las expectativas, unas veces demasiado optimistas y otras muy escépticas, que han suscitado los nuevos mecanismos de garantía de los derechos introducidos por la C.P de 1.991, el tema relacionado con los poderes del juez que los administra resulta serespecialmente sensible, lo que lo sitúa en el centro de encendidas controversias.
En su tratamiento, es asunto obligado el relativo a la existencia o no de competencias en la sede del juez de la acción popular, o en el de la acción de grupo, para examinar y decidir la legalidad de los actos administrativos unilaterales y de los contratos estatales cuando la amenaza o la vulneración del interés colectivo,o el daño causado a un número plural de personas integrantes de un grupo, es el efecto inmediato de la expedición de los primeros o de la celebración de los segundos.
La sola existencia de unos mecanismos procesales, tan antiguos como la propia jurisdicción contencioso administrativa, encaminados a la impugnación de los actos administrativos unilaterales, bien que los móviles del actor fuesengenerales o particulares, se ha visto como un obstáculo para que los nuevos instrumentos de protección judicial tengan aptitud para invadir esos predios que se los ha entendido reservados privativamente a los primeros.
Una regulación legal oscura, confusa y, en ocasiones, contradictoria de las nuevas acciones ha sido determinante en la ausencia de claridad y coherencia en la solución de loscasos concretos que, en número creciente, se resuelven en los estrados judiciales.
Hay un hecho adicional que no puedo dejar de constatar: en el Consejo de Estado, frente a la falta de instrumentos legales, no hemos logrado adoptar la medidas tendientes a unificar la jurisprudencia sobre estas materias, de modo que las decisiones no son uniformes y las interpretaciones, sobre una misma norma, sondisímiles y, en ocasiones, opuestas entre sí. Tal es el resultado de que el conocimiento de la segunda instancia, así de las acciones populares como de las acciones de grupo, esté atribuido, indistintamente, a las cinco secciones que componen la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, cada una de las cuales pone punto final a la controversia.
De lo anterior me sirvo para advertir que, porel momento, es muy difícil hacer formulaciones definitivas sobre unas instituciones que apenas comienzan a abrirse camino en el derecho colombiano y que estas apreciaciones mías tienen todas las limitaciones de una simple hipótesis de trabajo cuyo propósito quedará satisfecho si contribuyen a enriquecer el debate académico que busca propiciar el Instituto.
Para dar algún orden a mis ideas,quisiera ocuparme, inicialmente, del problema de los actos administrativos unilaterales en la acción popular, para, en un segundo momento, ocuparme de los contratos estatales dentro de las mismas acciones; por razones de tiempo dejo de lado esos temas en relación con las acciones de grupo acciones de grupo.
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS UNILATERALES Y LAS ACCIONES POPULARES.
La preocupación por lasrelaciones que pudieran llegar a tener las dos instituciones se origina en la competencia que atribuye la ley[2] a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones populares cuando el quebranto del derecho colectivo haya sido causado por “actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas…”.
Enejercicio de esta atribución, el juez administrativo, en tanto juez de la acción popular, ha encontrado casos en los cuales el daño, o la amenaza de daño, al interés colectivo surge de la existencia de un acto administrativo, o de su ejecución e incluso de su no ejecución, eventos en los cuales se ve forzado a examinar si tiene competencia para decidir sobre la legalidad o, lo que es lo mismo, sobre la...
Por las expectativas, unas veces demasiado optimistas y otras muy escépticas, que han suscitado los nuevos mecanismos de garantía de los derechos introducidos por la C.P de 1.991, el tema relacionado con los poderes del juez que los administra resulta serespecialmente sensible, lo que lo sitúa en el centro de encendidas controversias.
En su tratamiento, es asunto obligado el relativo a la existencia o no de competencias en la sede del juez de la acción popular, o en el de la acción de grupo, para examinar y decidir la legalidad de los actos administrativos unilaterales y de los contratos estatales cuando la amenaza o la vulneración del interés colectivo,o el daño causado a un número plural de personas integrantes de un grupo, es el efecto inmediato de la expedición de los primeros o de la celebración de los segundos.
La sola existencia de unos mecanismos procesales, tan antiguos como la propia jurisdicción contencioso administrativa, encaminados a la impugnación de los actos administrativos unilaterales, bien que los móviles del actor fuesengenerales o particulares, se ha visto como un obstáculo para que los nuevos instrumentos de protección judicial tengan aptitud para invadir esos predios que se los ha entendido reservados privativamente a los primeros.
Una regulación legal oscura, confusa y, en ocasiones, contradictoria de las nuevas acciones ha sido determinante en la ausencia de claridad y coherencia en la solución de loscasos concretos que, en número creciente, se resuelven en los estrados judiciales.
Hay un hecho adicional que no puedo dejar de constatar: en el Consejo de Estado, frente a la falta de instrumentos legales, no hemos logrado adoptar la medidas tendientes a unificar la jurisprudencia sobre estas materias, de modo que las decisiones no son uniformes y las interpretaciones, sobre una misma norma, sondisímiles y, en ocasiones, opuestas entre sí. Tal es el resultado de que el conocimiento de la segunda instancia, así de las acciones populares como de las acciones de grupo, esté atribuido, indistintamente, a las cinco secciones que componen la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, cada una de las cuales pone punto final a la controversia.
De lo anterior me sirvo para advertir que, porel momento, es muy difícil hacer formulaciones definitivas sobre unas instituciones que apenas comienzan a abrirse camino en el derecho colombiano y que estas apreciaciones mías tienen todas las limitaciones de una simple hipótesis de trabajo cuyo propósito quedará satisfecho si contribuyen a enriquecer el debate académico que busca propiciar el Instituto.
Para dar algún orden a mis ideas,quisiera ocuparme, inicialmente, del problema de los actos administrativos unilaterales en la acción popular, para, en un segundo momento, ocuparme de los contratos estatales dentro de las mismas acciones; por razones de tiempo dejo de lado esos temas en relación con las acciones de grupo acciones de grupo.
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS UNILATERALES Y LAS ACCIONES POPULARES.
La preocupación por lasrelaciones que pudieran llegar a tener las dos instituciones se origina en la competencia que atribuye la ley[2] a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones populares cuando el quebranto del derecho colectivo haya sido causado por “actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas…”.
Enejercicio de esta atribución, el juez administrativo, en tanto juez de la acción popular, ha encontrado casos en los cuales el daño, o la amenaza de daño, al interés colectivo surge de la existencia de un acto administrativo, o de su ejecución e incluso de su no ejecución, eventos en los cuales se ve forzado a examinar si tiene competencia para decidir sobre la legalidad o, lo que es lo mismo, sobre la...
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