La protección del ciudadano frente a los daños derivados de la actuación de los poderes públicos

La protección del ciudadano frente a los daños derivados de la actuación de los poderes públicos

La protección del ciudadano frente a los daños derivados de la actuación de los poderes públicos

La realización de la Asamblea Constituyente y la proximidad de sus resultados, es decir la aprobación de una nueva Constitución Política que establecerá la estructura estatal y normativa que regiráel país durante posiblemente los próximos 50 años, exige también la intervención de los diversos actores, con el propósito de que en este evento se recojan todos los elementos y aspectos que la democracia y la institucionalidad nacional han logrado construir y desarrollar, en particular durante los últimos 25 años.

Uno de estos elementos claves es un instrumento que el ámbito jurídico ha sidodenominado responsabilidad patrimonial (RP) y este tiene que ver con una situación que en Bolivia aún carece de disposición o norma legal expresa: la responsabilidad que debe asumir el Estado por las eventuales pérdidas, destrucción, perjuicio, lesión, deterioro de la propiedad y bienes de los particulares, a consecuencia de sus actividades y acciones de poder público.

Hoy, los particulares,trátense de empresarios, profesionales, comerciantes o ciudadanos comunes, les es o sino prácticamente imposible al amparo de las leyes existentes demandar y obtener resarcimiento económico a los daños y perjuicios que en algunas ocasiones la Administración provoca cuando, por ejemplo, arbitrariamente cesa o suspende o, en su caso presta deficientemente servicios públicos básicos, como agua potable,energía eléctrica (regulación deficiente o negligente en el caso boliviano), seguridad pública, salud, educación, etc.; cuando por descuido o negligencia en el mantenimiento de sus bienes e inmuebles (plazas, calles, muros, ascensores, edificios, carreteras, etc.), se originan muertes o accidentes con lesiones personales; cuando obras y construcciones defectuosas o negligentemente ejecutadas causanaccidentes con muertes o daños patrimoniales. O, cuando específicamente, por ejemplo, al explotar dinamita para la apertura de una carretera se causan daños a bienes o personas; cuando por la falta de mantenimiento de cables de conducción de electricidad ocurren electrocuciones o accidentes similares graves; cuando por la falta de colocación de señalizaciones o avisos de prevención adecuados enríos, puentes o en lugares sujetos a reparación, se producen daños, accidentes y muertes, etc.

En todos estos casos la situación es clara: el Estado no puede ser responsabilizado económicamente, y consiguientemente demandado, de manera directa como ocurre en cualquier lugar del mundo; no obstante de que el, como organización o entidad pública de derecho, procedió en los supuestos mencionadosarriba, en contra o al margen de sus obligaciones y responsabilidades legales.

Las leyes actuales, en especial en materia civil, penal y administrativa, imputan la responsabilidad en todos los supuestos anteriores, al funcionario o agente del Estado que intervino en la actividad o conducta causante de los daños, exigiéndosele al interesado, en un juicio civil, probar la existencia de culpa o doloen su acción dentro de un proceso judicial o, en su caso, cuando el daño es consecuencia de la comisión de un delito, la determinación previa de la responsabilidad penal en base al cual luego el interesado podrá recién obtener la correspondiente reparación civil. En la legislación del mundo esta responsabilidad, sin desplazar o excluir la responsabilidad penal personal de los funcionarios, haevolucionado hacia un sistema de responsabilidad exclusiva de la Administración, relegando la responsabilidad del funcionario a una cuestión interna entre la organización administrativa y el empleado público.

Al dificultarse la atribución directa de la responsabilidad al Estado por los daños civiles ocasionados mediante sus hechos o actuación administrativa, se desconocen dos derechos de...