LA REFORMA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero Ponente: Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011)
Radicación núm.: 08001 23 31 000 2003 01170 01
Actor: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial, Industrial yPortuario de
Barranquilla contra la sentencia de 19 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró de oficio la excepción de caducidad y se
inhibió para proferir una decisión de fondo respecto de la demanda de nulidad instaurada por esta
entidad territorial contra el Decreto 0264 de 18 de diciembre de 2000, expedido por el Alcalde delDistrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
l.- LA DEMANDA
1.- Pretensiones
La parte actora, obrando por medio de apoderado y en ejercicio de la acción prevista en el artículo
84 del Código Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del Decreto 0264 de 18 de
diciembre de 2000, expedido por el Alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, "Por el cualse proveen de manera definitiva y en propiedad cargos vacantes dentro
de la planta de personal docente de situado fiscal del Distrito de Barranquilla".
Además señala que, a título de restablecimiento del derecho, se persigue que la Administración no
continúe pagando los salarios y prestaciones sociales que ha generado el acto demandado.
2.- Hechos
Se mencionan como tales los relativos a laexpedición del acto acusado por parte del Alcalde (E)
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quien, en criterio de la demandante,
actuó sin competencia y con desviación de poder.
3.- Normas violadas y concepto de la violación
El demandante estima como violadas las siguientes disposiciones: artículos 13 y 125 de la
Constitución Política; artículos 105, 107 y 218 de la Ley115 de 1994; artículo 8° del Decreto 2227
de 1979; artículo 6 de la Ley 60 de 1993; artículo 7 del Decreto 1140 de 1995; y artículo 2 del
Decreto 051 de 1999.

Al sustentar su inconformidad, la parte actora señala que las citadas disposiciones fueron
vulneradas por la autoridad que expidió el acto acusado, en razón a que se procedió a proveer de
manera definitiva unas vacantes en cargosdocentes sin tener en cuenta el contenido de tales
normas, que consagran la vinculación al servicio educativo estatal mediante la figura del concurso
de méritos.
Precisó, en efecto, que con la entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994 (nueva Ley General de
Educación), la incorporación a la carrera docente no se da solo con la inscripción en el escalafón o
la obtención de un título docente, comolo preceptuaba el Decreto Ley 2277 de 1979, sino que es
necesario haber sido seleccionado en un concurso previo, además de cumplir con los requisitos
legales, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 105 de la citada Ley.
Indicó que el nombramiento por Decreto para todo personal docente del servicio público estatal de
que trata la disposición antes mencionada debe hacerse conobservancia de las reglas propias de
la carrera administrativa; por lo tanto, para vincularse al servicio educativo nacional se requiere: i)
inscribirse en un concurso que la respectiva entidad territorial haya convocado, acreditando los
requisitos legales del caso; ii) ser incluido en la lista de elegibles que corresponda al número de
plazas a proveer; iii) ser nombrado por Decreto, siempre ycuando el empleo se encuentre dentro
de la planta de personal autorizada por la respectiva entidad.
Afirmó que de acuerdo con lo considerado por la Corte Constitucional, no se puede aplicar la
prerrogativa de la estabilidad a quienes no se encuentren vinculados al servicio docente estatal
mediante concurso, por lo cual los mecanismos de incorporación automática no son en general
admisibles,...