La verdad

El proyecto del decreto se discutió con una diligencia febril y un sigilo nada común en Colombia, y se aprobó el 5 de setiembre de 1990. Ése fue el decreto de Estado de Sitio 2047: quienes seentregaran y confesaran delitos podían obtener como beneficio principal la no extradición; quienes además de la confesión colaboraran con la justicia, tendrían una rebaja de la pena hasta una tercera partepor al entrega y la confesión, y hasta una sexta parte por colaboración con la justicia con la delación. En total: hasta la mitad de la pena impuesta por uno o todos los delitos por los cuales fuerasolicitada la extradición. Era la justicia en su expresión más simple y pura: la horca y el garrote. El mismo Consejo de Ministros que firmó el decreto rechazó tres extradiciones y aprobó tres, como unanotificación pública de que el nuevo gobierno sólo renunciaba a la extradición como un beneficio principal del decreto.
En realidad, más que un decreto suelto, era una política presidencial biendefinida para la lucha contra el terrorismo en general, y no sólo contra el de los traficantes de droga, sino también contra otros casos de delincuencia común. El general Maza Márquez no expresó en losConsejos de Seguridad lo que en realidad pensaba del decreto, pero años más tarde -en
su campaña electoral para la presidencia de la república- lo fustigó sin misericordia como «una falacia de estetiempo». «Con él se maltrata la majestad de la justicia -escribió entonces y se echa por la borda la respetabilidad histórica del derecho penal. »
El camino fue largo y complejo. Los Extraditables -yaconocidos en el mundo como una razón social de Pablo Escobar- repudiaron el decreto de inmediato, aunque dejaron puertas entreabiertas para seguir peleando por mucho más. La razón principal era que nodecía de una manera incontrovertible que no serían extraditados. Pretendían también que los consideraran de lincuentes políticos, y les dieran en consecuencia el mismo tratamiento que a los...