La Viabilidad de Pago

LA VIABILIDAD DE PAGO

Esta característica especial viene a ser una consulta que tiene la finalidad de obtener un pronunciamiento de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo sobre la procedencia o no de un pago con fondos del Tesoro Público. No es un procedimiento en sí.

Según esta disposición, se encuentra legitimados para acudir a la Sala Tercera para que resuelva sobre laprocedencia del pago, el Contralor General de la República o el particular o el servidor público afectado por la medida de suspensión del pago hecha por el Contralor. El Contralor puede acudir a la Sala cuando el Ministerio de Economía y Finanzas o funcionario o entidad que haya decretado el pago insistieran en él.

La norma nos indica que si el funcionario insiste en el pago suspendido por elContralor General, éste queda obligado a enviar el caso a la Sala Tercera. Si el Contralor no lo hiciere, la norma nos dice que puede hacerlo la persona afectada por la suspensión del pago dispuesta por aquél.

En el artículo 77 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República parece basarse en la anterior disposición pero introduciendo cambios sustanciales.Su texto expresa:

Artículo 77: la contraloría improbara toda orden de pago contra un Tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En el caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquella o de este, laContraloría deberá cumplirlo o, en caso contrario, pedir a la sala de lo contencioso administrativo de la corte suprema de justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario o organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado este por la contraloría, puede también someter la situaciónplanteada al conocimiento del consejo de gabinete, de la junta directiva, comité directivo, consejo ejecutivo, patronato o cualquier otra corporación administrativa que, según el caso, ejerza la máxima autoridad administrativa en la institución, a efecto de que esta decida si se debe insistir en la emisión del acto o el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el actodebe admitirse o que la orden debe cumplirse, la contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad que del mismo se derive, recaerá de manera conjunta solidaria sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa el funcionario u organismo que emitió el acto o libro la orden se abstendrá de insistir en el refrendo.

El artículo 77plantea pues situaciones diferentes no contempladas en el artículo 1165 del código fiscal. Algunos aspectos que podremos mencionar:

En primer lugar deja abierta la posibilidad para que el contralor apruebe la orden de pago, si la entidad o el funcionario insiste, o eleve el asunto a conocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte no otorga legitimidad al funcionario oentidad afectada para acudir a la sala contencioso administrativo como si lo hace el artículo 1165. La razón de la negativa del contralor de improbar la orden de pago o el acto administrativo que afecte el patrimonio público, debe ser de orden legal o económico que ameriten la medida. En este sentido el artículo 1165 no dispone nada.

Por otra parte el contralor queda obligado a cumplir con laorden de pago si la máxima autoridad de la institución o el consejo de gabinete decide que debe pagarse. En caso de que la decisión sea negativa el funcionario que emitió el acto o la orden se abstendrá de insistir en el refrendo, lo que debe interpretarse adicionalmente que, agotada la máxima instancia, no pude acudir, si quisiere, ante la sala contencioso administrativa sencillamente al asunto...