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Diario el pais
El debate sobre la reforma de la ley del aborto ha rebasado la arena de debate político y ha ocupado las consultas y los laboratorios. El empeño del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la regulación actual para acabar con el plazo de aborto libre y suprimir el supuesto de anomalías fetales ha empujado a profesionales sanitarios a movilizarse. Un grupo deellos, compuesto por ginecólogos, obstetras o expertos en diagnóstico prenatal, ha redactado un manifiesto en contra de esa reforma que suma 645 adhesiones. Suprimir la opción de interrumpir el embarazo en caso de malformación grave —que recoge la ley actual— acarreará consecuencias trágicas para las familias afectadas, dicen.
La ley permite abortar después de la semana 22 solo en casos extremosCon su movilización, las críticas a Gallardón amplían su foco. El histórico y muy ideologizado debate sobre la reforma de la ley del aborto se reinicia tomando una nueva derivada. Ya no es solo una cuestión de pérdida de derechos para las mujeres y deretroceso social, como vienen alertando las organizaciones sociales y de mujeres. También crearía un grave problema de salud pública.
“La decisión deinterrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento. Si la ley no permite la interrupción de la gestación en estos casos [de anomalías fetales graves], a la dramática situación se sumará el desamparo legal que sufrirán las gestantes”, explica el documento encabezado por las ginecólogas Pilar Martínez Ten y Begoña Adiego, que se entregará al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román. En élexplican que la eliminación de esa opción de la normativa desembocaría en una clara desprotección de las afectadas, que terminarían recurriendo al aborto clandestino e inseguro. La ley actual, aprobada en 2010 a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permite abortar por encima del plazo libre de 14 semanas —en el que la mujer no precisa justificar su decisión— y hasta la 22 si hayriesgo para la salud de la mujer o si se detecta una malformación fetal (se precisa el dictamen de dos médicos). Pasado ese tiempo, y sin límite, solo es legal hacerlo si al feto se le diagnostica una anomalía extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida. Un diagnóstico que debe hacer un comité clínico.
Anomalías graves
Solo el 3% de los abortos se realiza por causa de anomalíafetal. Por encima de las 22 semanas de gestación solo se permite si un comité médico diagnostica una de estas dos situaciones:
Anomalía fetal incompatible con la vida: aquella que previsiblemente o habitualmente se asocia con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones excepcionales la supervivencia sea mayor.
Enfermedad grave o incurable: aquellasituación con una alta probabilidad de mortalidad durante el periodo fetal o tras el nacimiento y/o con un desarrollo neurológico profundamente deficiente y/o con una probabilidad de dependencia extrema y persistente para el desarrollo de su vida posnatal.
Estos abortos apenas suponen el 3% del total registrado en España, pero se trata de casos muy dramáticos de hijos deseados. El titular de Justiciaargumentó, para justificar el endurecimiento de la ley en este punto, que esa opción discrimina a las personas discapacitadas. Gallardónse escuda en un texto de la ONU que en 2010, tras las quejas de dos asociaciones, recomendó a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”. Eso a pesar de que en la ley actual —tal y como contestó el Ejecutivo anterior a la ONU— no habla enningún caso de discapacidad, sino de anomalías fetales graves.
Los expertos coinciden, además, en que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva funciona bien. De hecho, apunta el especialista en diagnóstico prenatal Javier Pedregosa, ha permitido a mujeres a quienes la norma anterior desamparaba —solo permitía la interrupción del embarazo por malformaciones hasta la semana 22— abortar en casos de...