Laboral

Lineamientos de política pública en materia de acceso a la justicia a partir de un estudio de necesidades jurídicas insatisfechas.
1. Las reformas judiciales y el acceso a la justicia
Existe cierto consenso sobre que todas las reformas a la administración de justicia realizadas en las dos últimas décadas en América latina han mejorado el desempeño de los jueces y los tribunales, tanto por losnuevos recursos presupuestales que han recibido los poderes judiciales, como por la introducción de nuevos incentivos laborales y recursos tecnológicos para optimizar el funcionamiento. Pero también es cierto que la percepción de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honestidad del poder judicial no ha mejorado sustancialmente. El poder judicial se percibe como un poder opaco, que no rinde cuentas,cuyos procedimientos no son entendidos por el ciudadano común y que está dedicado a resolver conflictos que no son relevantes salvo para aquellos sectores de la sociedad con alguna capacidad de poder adquisitivo.
Esta percepción tiene que ver seguramente con lo que ha señalado el ex Ministro de Justicia chileno Jorge Correa Sutil cuando realiza el balance de las reformas judiciales en Américalatina: “Una conclusión preliminar y no muy optimista sería que las reformas judiciales que es están ensayando en América latina están definitivamente ligadas más a la apertura de mercados que a cualquier otro factor. No están siendo provocadas por grupos desfavorecidos y no tienen a esos grupos como objetivos” (Correa Sutil, 2002).
De otra parte, Margaret Popkin (2007), para un texto sobre elbalance de las reformas judiciales enamorica latina auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha subrayado que: “…tras casi 20 años de esfuerzos por reformar la justicia, lo cual ha supuesto enormes inversiones financieras por parte de los donantes, la mayoría de los sistemas judiciales en América latina continúan percibiéndose como altamente deficientes”. Los aumentos en productividad, enfortalecimiento institucional, la introducción de procedimientos orales, la reforma penal y procesal penal que se ha implementado en la mayoría de países, entre otras reformas, no han modificado la percepción sobre que los poderes judiciales siguen siendo lejanos para el ciudadano común y, especialmente, para los ciudadanos de escasos recursos, esto implica que,
tal y como lo como señala Popkin(2007,) “amplios sectores de la población – a menudo aislados por una combinación de limitaciones lingüísticas, geográficas, -culturales-, privación de derechos y pobreza – todavía ni siquiera perciben la posibilidad de reivindicar sus derechos por medio del sistema nacional de justicia” .
Haber concentrado las reformas judiciales en el mejoramiento de la oferta como supuesto para crearescenarios confiables para la inversión y por esa vía dinamizar la economía de mercado, lograr crecimiento sostenido y empezar a reducir las condiciones de pobreza, ignoró el hecho de que esas reformas al rol del Estado en la economía, traería consigo nuevas demandas sociales que no han sido recogidas por el sistema político y que presionan por tener alguna reivindicación. El llamado descontento con lademocracia recogido en instrumentos de medición de opinión pública como Latinobarómetro, indican que en el último tiempo el índice de confianza en la democracia se ha venido disminuyendo por el hecho de que se percibe que la institucionalidad de la democracia no ha sido sensible a las demandas de las mayorías sino a los intereses de grupos poderosos que han influido en que dichas instituciones seanfuncionales más a la lógica de funcionamiento del mercado que a otras necesidades sociales. Este índice de desconfianza recae especialmente en el judicial, porque se percibe que a pesar de las reformas de que ha sido objeto, con una importante participación presupuestal, no ha modificado su desempeño en cuanto a atender las demandas más sentidas de los grupos más desfavorecidos de la sociedad1....