LAP Ley 4 (1999) Regimen juridico de las administraciones públicas

BOE núm. 12

Jueves 14 enero 1999

1739

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.

149.1.18.a de la Constitución, que atribuye al Estado
la competencia para regular «las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por un lado, y
directamente, por otro, el «procedimientoadministrativo
común». Se pretende garantizar de esta manera una
igualdad en las condiciones jurídicas básicas de todos
los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones públicas.
Con base en estos planteamientos, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común sustituyó a la Ley deProcedimiento Administrativo de 1958, introduciendo una nueva regulación
adaptada a los principios constitucionales y a la nueva
organización territorial del Estado e incorporando avances significativos en la relación de las Administraciones
con los ciudadanos.
Sin embargo, durante su aplicación se han suscitado
algunos problemas que han llevado a plantear desde
diversos sectores la necesidad de sumodificación. La
proliferación de normas reguladoras de procedimientos
administrativos, los problemas detectados en la regulación de ciertos artículos —como los referidos al silencio
administrativo, la revisión de los actos o la responsabilidad patrimonial—, y la supresión del recurso de reposición son lugares comunes en las críticas formuladas
a la Ley 30/1992, que justifican su reforma pensandoen el buen funcionamiento de la Administración pública
y, sobre todo, en los ciudadanos, que son los destinatarios de su actuación.
En este sentido, debe señalarse que, al igual que lo
acontecido en relación con la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
los modelos administrativos deben construirse siempre
en función de los ciudadanos, y no al revés.Por ello,
también en el proceso de reforma de la Ley 30/1992
se ha tenido como objetivo esta orientación general que
debe presidir todas y cada una de las manifestaciones
de la reforma administrativa, puesto que la Constitución
de 1978 ha querido señalar solemnemente en su artículo
103 que la «Administración Pública sirve con objetividad
los intereses generales».
Sobre estos presupuestos,el objeto de esta Ley de
reforma se circunscribe a modificar los aspectos más
problemáticos de la Ley 30/1992, según la opinión de
la doctrina y de los aplicadores del derecho: fundamentalmente, la regulación del silencio administrativo —suprimiendo la certificación de acto presunto—, el sistema
de revisión de actos, la responsabilidad patrimonial y
la regulación de la suspensión del actoadministrativo.
El texto de la Ley efectúa algunas otras modificaciones que mejoran y completan la Ley 30/1992, con
el fin de dar cumplimiento a la proposición no de Ley,
aprobada por el Congreso de los Diputados el 3 de junio
de 1997, por la que se insta al Gobierno a presentar
un proyecto de Ley de modificación de la Ley 30/1992
que solucione las deficiencias detectadas en la aplicación
deltexto vigente y su mejor adecuación a la realidad
plurilingüística del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II

I

En primer lugar, en el Título preliminar se introducen
dos principios de actuación de las Administraciones
públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una
parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de surecepción por el título preliminar del Código Civil. Por
otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por
la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación

i) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566
a 568 del Código Penal....